El juez de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz decidió este lunes no aplicar
la nueva ley que acaba virtualmente con el principio de justicia universal
a uno de los casos que parecían condenados al archivo con la reforma
legal exprés que entró en vigor el pasado sábado solo con el apoyo del
PP: el de
la muerte del cámara de Telecinco José Couso en abril de 2003, en Irak, a manos de militares estadounidenses.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 y decano de los jueces instructores de la Audiencia emitió este lunes
un auto
—resolución razonada— en el que rechaza archivar la causa por el
homicidio de Couso al entender que hacerlo supondría incumplir el IV
Convenio de Ginebra sobre protección de las personas civiles en tiempo
de guerra. Este tratado, suscrito por España, “obliga” a perseguir “sin
limitación alguna” los delitos contra las personas y los bienes
protegidos en caso de conflicto armado, sostiene Pedraz. El IV Convenio,
ratificado por España en 1952, forma parte del ordenamiento jurídico
español y su cumplimiento está por encima de las leyes nacionales,
recuerda el magistrado. Por esta razón, mantiene la imputación contra el
teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el
sargento Thomas Gibson. Este último fue quien, desde su carro de
combate, disparó un proyectil contra la habitación 1.403 del hotel
Palestina de Bagdad, desde donde filmaba Couso las evoluciones del
ejército estadounidense en los primeros días de la guerra.
La decisión de Pedraz no es una rebelión corporativa, ni un acto de
desacato, sino, según sus palabras, “la aplicación plena del principio
de legalidad”. No obstante, en el auto se trasluce cierta voluntad de
resistencia moral contra la decisión del PP de acabar, por la vía más
expeditiva posible, con la justicia universal, una de las señas de
identidad de la justicia española en los últimos años y que ha provocado
a los distintos Gobiernos serios quebraderos de cabeza diplomáticos. En
su auto, de 11 folios y que solo es aplicable al
caso Couso y
no al resto de causas de justicia universal, Pedraz, sin cuestionar la
decisión del Congreso, recuerda que la facultad de los jueces españoles
para investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional ha
quedado ahora “claramente restringida”.
Pedraz no es el único magistrado de la Audiencia Nacional que este
lunes ha movido sus fichas tras la entrada en vigor de la nueva norma
sobre justicia universal. La reforma contiene una disposición
transitoria que declara sobreseídas todas aquellas c
ausas que no encajen en los nuevos requisitos de perseguibilidad.
Este artículo faculta a los magistrados a cerrar las investigaciones
que no se acomoden a la nueva normativa. Sin embargo, los jueces han
optado, para mayor garantía jurídica, por no archivar directamente. El
pasado viernes, fecha en que el Boletín Oficial del Estado (BOE)
publicaba la ley que entró en vigor al día siguiente, el juez Eloy
Velasco decidió consultar a las partes —fiscal, defensas y acusación
particular— sobre si debe archivar la causa sobre
los asesinatos del jesuita español Ignacio Ellacuría y otras siete personas en 1989 en El Salvador a manos de militares.
Por su parte, el juez Pablo Ruz emitió este lunes sendas providencias
sobre las cinco causas de justicia universal que dependen de su
juzgado. El magistrado da tres días a las partes para que se pronuncien
sobre el cierre de la querella contra militares marroquíes por el
genocidio en el Sáhara Occidental cuando España abandonó su antigua
colonia y la contraquerella, también por genocidio, interpuesta por
Marruecos contra el Frente Polisario y miembros del ejército argelino.
También consulta sobre las siguientes investigaciones: el asesinato del
diplomático español Carmelo Soria en 1976 por agentes de la dictadura
chilena de Augusto Pinochet; las torturas en la base estadounidense de
Guantánamo y los ataques israelíes a la
Flotilla de la Libertad cuando se dirigía a Gaza en octubre de 2012.
Quien no se ha pronunciado aún —este lunes estaba volcado en el interrogatorio de los
islamistas detenidos el viernes en Melilla y Málaga—
fue Ismael Moreno, instructor de la causa que ha llevado al Gobierno de
Mariano Rajoy a laminar la justicia universal: la querella contra
los expresidentes chinos Hu Jintao y Jiang Zemin por el genocidio en el Tíbet.
“Estén donde estén”
El juez Pedraz afirma en su escrito que, pese a la nueva ley,
“la jurisdicción española sí es competente”
para investigar la muerte de Couso. El magistrado explica que archivar
la causa supondría “admitir la posibilidad de que una norma interna
modifique o derogue una disposición de un tratado o convenio
internacional vigente para España, lo cual está proscrito”.
Pedraz recuerda que el IV Convenio de Ginebra obliga a España a
“perseguir el delito (buscar a las personas y hacerlas comparecer) sea
cual
sea la nacionalidad de los autores y estén donde estén”.
El juez considera que en el caso Couso la “solución del conflicto es evidente: el juez debe inaplicar la nueva norma.
El Estado de derecho exige la existencia
de órganos independientes que velen por los derechos y libertades de
los ciudadanos, aplicando imparcialmente las normas que expresan la
voluntad popular y
controlando la actuación de los poderes públicos”.
El magistrado añade que “no cabe duda de la
primacía del derecho Internacional sobre el derecho interno, máxime en materia de derecho internacional humanitario”.
El magistrado sostiene que la nueva Ley Orgánica
“se contradice con la IV Convención de Ginebra”, que obliga a perseguir los delitos contra las personas en caso de conflicto armado
“sin limitación alguna”.
“Dada la primacía de los tratados y que un tratado no puede ser
modificado por una norma interna, resulta inaplicable la nueva norma”.
TÍTULO: VIERNES, CINE, THE RIVER KING,( BAJO EL HIELO),.
- Reparto
- Edward Burns, Jennifer Ehle, John Kapelos, Rachelle Lefevre, Sean McCann, Thomas Gibson, Jamie Thomas King, David Gibson McLean, Jonathan Malen, Sean McCann,.
Abel Grey (Edward Burns), agente de policía de una pequeña ciudad,
investiga la muerte por ahogamiento de August Pierce (Thomas Gibson),
alumno de una exclusiva escuela privada. Por temor al escándalo, el
centro educativo insiste en que se trata de un suicidio. Sin embargo,
Abel descubre a través de Carlin (Rachelle Lefevre), la única amiga que
el chico tenía en la escuela, que August era víctima de acoso escolar, y
que el acosador era Harry (Jamie King), otro estudiante con quien
Carlin había salido en alguna ocasión. Abel sospecha que la iniciación
escolar del joven fallecido tuvo unos resultados inesperadamente
horribles, y solicita la ayuda de la profesora de fotografía, Betsy
(Jennifer Ehle), quien cree que el espíritu del muchacho va dejando
pistas. A medida que Abel profundiza en su investigación, descubre un
mundo de corrupción y tapaderas, y deberá enfrentarse a la verdad acerca
de sí mismo...
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