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La UE y EE UU intensifican las negociaciones comerciales a una semana de que expire el plazo impuesto por Trump,.
El comisario europeo de Comercio viaja a Washington para buscar un principio de acuerdo,.
Dos cargueros cerca del puerto de Amberes, en Bélgica.
La guerra comercial abierta por Estados Unidos contra el mundo entra en su semana decisiva y por el lado europeo no va a quedar para que termine con acuerdo. El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, voló este miércoles a Washington, donde ya viajó el lunes el equipo negociador de la UE para cerrar, al menos, un principio de acuerdo. Esto ocurre después de que los estadounidenses mandaran el jueves pasado una propuesta estructurada de sus peticiones. Fuentes al tanto de las negociaciones apuntaron a comienzos de esta semana que todo podía pasar aún, aunque vayan trascendiendo algunos aspectos de las conversaciones. Lo definitivo, si esto puede decirse de algo en lo que esté implicado el presidente Donald Trump, es que el 9 de julio será el último día, según ha dejado claro la madrugada del miércoles.
(Desayuno)
Explican fuentes conocedoras de las conversaciones que Europa podría aceptar el nivel mínimo de aranceles del 10% como norma general, confirmando informaciones de Bloomberg. Es decir, eso supondría aceptar la tasa básica de los falsamente llamados aranceles recíprocos, que en el caso de la UE era del 10% general, más otro 10% específico que se suspendió durante las negociaciones.
(Cena )
La agencia de noticias también añadía que se busca un tratamiento especial para sectores a los que se les han subido ya los aranceles al 25% —automóviles—, o al 50% —acero y aluminio—, más los que tienen investigaciones abiertas —farmacéuticos o semiconductores—. Las fuentes consultadas matizan que en ese 10% básico Bruselas buscaría excepciones.
Esta descripción se parece bastante a lo que reclama el canciller alemán, Friedrich Merz, quien, además, pide un pacto rápido ante la presión de su sector industrial. No obstante, si estas fueran las bases de un principio de acuerdo, falta un elemento importante que añadía el presidente francés, Emmanuel Macron: saber si esto se puede considerar un acuerdo “equilibrado” o “recíproco”. Aceptar esto, implica dejar sin respuesta todos los aumentos arancelarios que ha aplicado Estados Unidos hasta ahora y asumir que las medidas adoptadas por Trump serían legítimas para compensar el déficit que tiene con Europa.
La ministra de Economía danesa, Stephanie Lose, añade algunos matices: “Nadie se beneficia de los aranceles y de las guerras comerciales. Deberíamos esforzarnos mucho para encontrar buenas soluciones, aunque también lleve más tiempo encontrarlas”, informa desde Copenhague Silvia Ayuso.
Lose llama a la calma ante las prisas de Berlín, que la semana pasada abogaba por un acuerdo rápido. “Hemos estado posponiendo cosas [en referencia a la réplica suspendida] y negociando para encontrar una solución. Creo inteligente el enfoque por parte de la Comisión. Deberíamos tenerlo muy en cuenta antes de llegar a un acuerdo rápido, si no es algo que se pueda ver como una solución viable”.
Además de las urgencias y los plazos, hay otro elemento importante que puede acabar por intoxicar todas las conversaciones: las regulaciones digitales y medioambientales europeas. Lo que en Estados Unidos llaman “elementos no comerciales irritantes”. Los medios de comunicación estadounidenses se hacían eco hace unos días de un borrador de acuerdo preparado por la Administración estadounidense en el que se incluían concesiones en estas normas.
Desde Bruselas, la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha rechazado esta posibilidad, con el argumento de que las decisiones soberanas de la UE son “absolutamente intocables”. Lo mismo expresó la vicepresidenta de la Comisión y máxima responsable de Competencia, Teresa Ribera, en una conversación con este diario. Varias fuentes conocedoras del contenido de las conversaciones también señalan que las discusiones no se están centrando en asuntos no vinculados al comercio.
Amenaza a Japón
Todos estos asuntos están en la mesa de negociaciones en la recta final de las conversaciones, en las que debe ser difícil encontrar un hueco en las agendas de los negociadores comerciales estadounidenses. Porque mientras hablan con sus pares europeos, también lo están haciendo con los canadienses, los mexicanos, los indios o los japoneses. Precisamente contra este último país, Japón, acaba de dirigir Trump sus andanadas. En este caso habría obstáculos con productos agrícolas como el arroz. “No estoy seguro de que vayamos a llegar a un acuerdo. Lo dudo”, ha declarado el presidente de EE UU, quien ha añadido que escribiría una carta a Tokio agradeciéndole el trabajo, pero que era insuficiente y que pagarían unos aranceles del 30% o el 35%.
Si finalmente ese fuera el escenario con la UE —es decir, el fracaso en las conversaciones—, la Comisión ya tiene listo un primer paquete de productos a los que se elevarían los aranceles por un valor que ronda los 20.000 millones de euros. Esta retorsión fue incluso aprobada en el Consejo de la UE por los Estados miembros, pero se suspendió a los pocos días como un gesto para dar paso a la negociación que comenzó a principios de abril. Esa respuesta, en realidad, era el contragolpe al incremento de los aranceles al acero y el aluminio que Washington decretó en marzo.
Además, la Comisión Europea puso en marcha la elaboración de una nueva réplica a comienzos de mayo. Entonces, planteó un listado adicional de productos estadounidenses a los que incrementar los derechos aduaneros por valor de 95.000 millones de euros si fracasaban las negociaciones.
Con este paso, Bruselas buscaba estar lista rápida para el peor escenario, puesto que cuando lanza una posible retorsión comercial previamente tiene que hacer una propuesta que es sometida a consulta pública; después elabora el listado definitivo y este debe ser aprobado por los Estados miembros en un modo de votación que pone al Ejecutivo europeo en posición de ventaja, ya que para que no salga adelante debe ser rechazado por una mayoría cualificada de países (un 55% Estados que representen, al menos, a un 65% de la población de la UE).