Un "razonamiento perverso" es la hipótesis con la que
trabajan los investigadores del crimen de Asunta, la menor de 12 años a
la que adoptaron cuando aún no tenía uno y que hace casi un mes, el 22
de septiembre, fue hallada muerta por dos viandantes en una pista
forestal de Teo, cerca de Santiago.
Fuentes cercanas al caso han indicado a EFE que la conclusión de la
exhaustiva investigación "removerá conciencias", mientras que el
periódico La Voz de Galicia publica hoy que en la instrucción la
conjetura que predomina es que los padres de la víctima actuaron "de
común acuerdo"; en el caso de él, por una dependencia; y en el de ella,
porque se habría cansado de ser madre.
El diario se refiere a una nueva vida en la que la progenitora de
Asunta, Rosario Porto, a la que en su círculo íntimo llaman Charo, había
decidido cerrar su despacho, dimitir como cónsul honorario de Francia y
separarse de su pareja; y otra cabecera, El Correo Gallego, suma a esta
casuística "un desengaño amoroso" importante.
La acusación que pesa sobre Rosario Porto y Alfonso Basterra, los
únicos imputados, que han negado los hechos, se ha elevado de homicidio a
asesinato y en el endurecimiento de la calificación han pesado las
pruebas forenses -sangre, gástricas y de pelo- al revelar que Asunta era
sedada con Lorazepam, un ansiolítico cuyo registro más alto corresponde
al día 21, jornada en la que murió la pequeña.
En el mes de julio, también hay significativas concentraciones de
este tranquilizante de la familia de las benzodiazepinas, cuya marca
comercial más conocida es Orfidal, un fármaco que se utiliza para tratar
estados de ansiedad y siempre bajo prescripción médica.
Ese mes, al inicio del verano, dos profesoras de música de esta menor
detectaron en ella un estado de somnolencia, que su familia atribuyó a
su condición de alérgica, patología por la que recibía un fuerte
tratamiento. La pediatra ha negado este padecimiento en la cría.
Días antes del crimen, Asunta faltó al colegio y a sus clases de
ballet, precisamente a consecuencia de las pastillas que debía tomar
según argumentó, en estos casos, su propia madre. Son episodios que en
su momento nadie entendió como de riesgo y que solamente ahora han
cobrado relevancia.
En los respectivos autos de prisión, apelados infructuosamente, el
magistrado José Antonio Vázquez Taín, que alude a la "brillante"
exposición del fiscal asignado al caso, Jorge Fernández de Aránguiz, ve
"clara" la presunta participación de la abogada Rosario Porto en la
muerte, y en el caso del periodista Alfonso Basterra introduce un matiz.
"Ha de considerarse que los indicios apuntan firmemente a que el
fallecimiento de Asunta se produjo en una sucesión de actos, alguno de
los cuales, indiciariamente, se pueden imputar a Alfonso", razona el
juez, quien añade que Basterra estaba "con Asunta en dos incidentes
anteriores en los que la menor sufrió también presuntas ingestas de
fármacos".
Las providencias, entregadas en su totalidad a las partes,
corresponden al día 27, cuando se ordenó el encarcelamiento de Porto y
Basterra en régimen de prisión provisional comunicada y sin fianza, y,
por ende, son anteriores a los últimos informes toxicológicos recibidos
en el juzgado de instrucción número dos de Santiago estos días.
Entre Porto y Basterra no ha existido contacto en el penal coruñés de
Teixeiro y a ambos se les ha aplicado el protocolo de prevención de
suicidio desde su ingreso.
En los autos se alude, asimismo, a las "gravísimas penas a las que se
enfrentan" ambos para justificar la prisión preventiva y, en lo que
atañe al riesgo de fuga, si en el caso de Basterra se menciona que
carece "prácticamente de arraigo" en Compostela "salvo alguna amistad",
en el de Porto se hace constar que dispondría para una eventual huida de
"importantes medios económicos y contactos con otro país".
En el caso de Porto además estima el juez que "del mismo modo que
groseramente ha cambiado su versión de si la niña fue o no el sábado 21
de septiembre a la casa de Montouto, podría intentar cambiar todas las
explicaciones ofrecidas a sus incongruencias".
En el informe elaborado por la Policía tras la primera declaración en
comisaría de los padres de la menor, Rosario Porto cuenta que ella
misma dejó a su hija en su domicilio, en Santiago, realizando sus tareas
escolares mientras salía a la calle a realizar unas gestiones, "no
dejando la puerta cerrada con llave".
No menciona la vivienda familiar de Teo, algo que sí hace luego ante
el juez después de que el visionado de las cámaras situasen a Asunta
junto a ella en su coche cuando supuestamente la niña ya estaba
desaparecida.
La casa de Teo, donde los investigadores creen que se produjo la
muerte, ha sido inspeccionada tres veces, la primera de ellas en las
horas posteriores al crimen y en su interior se halló una cuerda
anaranjada como la que apareció junto al cuerpo sin vida de Asunta.
Los estudios sobre la composición química han permitido comprobar que
las fibras de los cordeles encontrados junto al cadáver de la niña y
las del rollo localizado en el primer registro practicado en este
inmueble, el día 22, son coincidentes.
Los imputados han vuelto este viernes a la casa de Teo a otro
registro, una diligencia que requería su presencia. Los agentes se han
llevado esta vez bolsas con objetos, entre ellos, un guante.
Sobre la causa sigue vigente el secreto de sumario. Las defensas no
han logrado el alzamiento que pretendían y José Luis Gutiérrez
Aranguren, el letrado que asiste a Rosario Porto, ha anunciado que
recurrirá que el caso se vaya a dirimir por un jurado popular, pese a lo
que dicta la ley, al cuestionar la "imparcialidad".
TÍTULO; EL MUNDO,.DOS AÑOS SIN TERRORISMO, PERO CON ETA VIVA,.
Este domingo se cumplen dos años de la
declaración de cese de la violencia de ETA, un hito de que inauguró un proceso de cierre definitivo de
décadas de terrorismo que, pese al tiempo transcurrido, se sitúa en un "punto muerto" por la ausencia de avances significativos.
Pasados dos años desde que ETA declarase el alto el fuego definitivo, la organización terrorista
no ha desmantelado sus estructuras ni entregado sus armas,
como le demanda todo el espectro político excepto la izquierda
abertzale que, no obstante, también vería con buenos ojos un gesto de la
banda en ese sentido.
El Gobierno, firme en su posición de no dialogar con ETA, ha obviado los requerimientos de la banda para negociar los
aspectos "técnicos" del desarme, que la organización terrorista desea tratar directamente con el Ejecutivo.
La
falta de avances en este terreno hizo que en marzo de este año los miembros de ETA
Josu Ternera, David Pla e Iratxe Sorzabal
se vieran obligados abandonar Noruega, país que había permitido su
presencia en espera de que pudieran darse nuevos pasos en el proceso de
abandono del terrorismo, que sin embargo no llegaron.
En el ámbito de la
política penitenciaria tampoco se
han producido novedades en los últimos meses, en los que el Gobierno
mantiene la fórmula que presentó en abril de 2012, consistente en
facilitar la
reinserción individual de los presos de ETA,
bajo la condición de que se separen de la banda y se arrepientan, unas
premisas que no acepta el colectivo de presos de ETA (EPPK).
Pendiente de la resolución definitiva del recurso contra la sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
contra la llamada doctrina Parot, que podría derivar en la liberación
de un buen número de importantes presos de ETA, la Justicia no ha
levantado la presión sobre las estructuras próximas a los reclusos, como
demuestra la operación contra la
plataforma Herrira del pasado 30 de septiembre.
Esta operación ha sido considerada por la mayoría de partidos vascos y
por el Ejecutivo autonómico como "un paso atrás" en una situación en la
que la izquierda abertzale ha vuelto a la legalidad a través de la
creación de Sortu, partido cuya inscripción fue avalada por el
Tribunal Constitucional, aunque el Gobierno vigile sus pasos.
De hecho, esta formación ha nacido condicionada por las actuaciones
judiciales contra la izquierda abertzale, ya que su secretario general,
Arnaldo Otegi,
sigue encarcelado y muchos de sus dirigentes actuales están siendo
juzgados desde el jueves acusados de un delito de pertenencia a banda
armada por la financiación de ETA a través de las "
herriko tabernas".
Ante esta situación de aparente "bloqueo" el 27 de mayo de este año el llamado Foro Social para Impulsar el
Proceso de Paz,
en el que intervinieron entidades y partidos como Sortu y el PNV,
estableció un itinerario para intentar propiciar nuevos pasos tanto por
parte de ETA como del Gobierno.
Para ello, emplazó a la organización terrorista a acometer un
proceso de desarme y
desmantelamiento de sus estructuras militares, sin intervención del
Estado, y abogó por la "reintegración" en la sociedad de los reclusos
etarras de forma individual, tras renunciar a la violencia y reconocer
el daño causado.
La izquierda abertzale acogió estas recomendaciones con reticencias,
mientras que el colectivo de presos aún no ha respondido al
emplazamiento del Foro, algo que se espera para las próximas semanas.
Lee 'Un "razonamiento perverso": la hipótesis de trabajo en el crimen de Asunta' en Yahoo Noticias España. Santiago de Compostela, 19 oct ...Un "razonamiento perverso" es la hipótesis con la que trabajan los investigadores del crimen de Asunta, la menor de 12 años a la que adoptaron cuando aún no tenía uno y que hace casi un mes, el 22 de septiembre, fue hallada muerta por dos viandantes en una pista forestal de Teo, cerca de Santiago. Fuentes cercanas al caso han indicado a EFE que la conclusión de la exhaustiva investigación "removerá conciencias", mientras que el periódico La Voz de Galicia publica hoy que en la instrucción la conjetura que predomina es que los padres de la víctima actuaron "de común acuerdo"; en el caso de él, por una dependencia; y en el de ella, porque se habría cansado de ser madre.
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