TITULO: España Directo - Los estadounidenses se vuelcan en las urnas para evaluar la gestión de Trump,.
Los estadounidenses se vuelcan en las urnas para evaluar la gestión de Trump,.
El país se asegura la distancia de seguridad ante el coronavirus con casi cien millones de votos anticipados, que han batido récords de participación,.
Este martes había colas en las calles de Nueva York, pero no eran para votar, sino para recibir un plato de comida de los comedores sociales. «¿Votar, eh?», repetía perpleja una mujer china que esperaba con su carrito. En el año de la pandemia, Estados Unidos ha batido récords de participación, con 97 millones de votos emitidos antes del día de las elecciones, porque la inmensa mayoría ha elegido evitar las aglomeraciones y votar por correo o de forma anticipada. En once Estados se habían emitido antes del martes al menos el 90% del total de sufragios recibidos en 2016 y en algunos, como Texas, se había superado una semana antes.
Cuando se abrieron entonces las urnas en la Gran Manzana, diez días antes, las colas serpenteaban calle abajo y daban la vuelta a la esquina. Los concejales tuvieron que intervenir para adelantar a los ancianos, que no tenían fuerzas para aguantar horas de pie, a menudo bajo el frío y la lluvia, pero ninguno quería arriesgarse a mandar el voto por correo. Este martes, sin embargo, los funcionarios de los colegios electorales se aburrían esperando votantes, que solo vieron en más proporción durante la primera hora y media del día.
La jugada de comparar el voto por correo con el fraude y ralentizar a propósito el sistema postal le salió mal a Trump, porque muchos prefirieron depositarlo personalmente. En mayo, cuando quedó claro que la pandemia no desparecería fácilmente, Trump designó a uno de sus leales, Louis Dejoy, para dirigir el servicio de correos. El multimillonario que había donado más de un millón de dólares a la campaña del presidente y presidido la de su abogado Rudy Giuliani en Carolina del Norte, se puso manos a la obra. Prohibió las horas extras y los repartos especiales, desmanteló cientos de máquinas e incluso eliminó muchos buzones, hasta el punto de que el Congreso abrió una investigación.
Y no solo por intentar boicotear la participación electoral, sino porque entre él y su esposa -nominada por Trump para embajadora en Canadá- tienen entre 30 y 75 millones de dólares invertidos en otras compañías de reparto como UPS, lo que genera un conflicto de intereses. En las últimas semanas, mientras el presidente desprestigiaba el voto por correo, que tradicionalmente favorece a los demócratas, se sucedían los episodios de sacas abandonadas en algún contenedor con papeletas dentro, sin repartir a quienes habían rogado el voto.
300.000 papeletas 'perdidas'
Todavía este mismo martes, día de las elecciones, un juez federal de Washington DC emitió una orden para registrar una docena de distritos postales en busca de 300.000 papeletas supuestamente 'perdidas'; según la organización Vote Forwards, habían salido de las oficinas del Gobierno pero no de las de Correos o, al menos, no constaban como escaneadas. El juez Emmet Sullivan dijo estar particularmente preocupado por la ralentización de las papeletas procesadas en los distritos del centro de Pensilvania, Filadelfia y Detroit, donde quería asegurarse de «identificar las que se hayan retenido y repartirlas inmediatamente». La orden obligaba al servicio postal a responderle antes de las cuatro y media de la tarde, lo que en cualquier caso dejaría a los votantes con pocas horas para ejercer su derecho.
Nadie confiaba en que Donald Trump hiciera lo correcto, empezando por José Rodríguez, uno de los pocos que eligió votar en persona el día de las elecciones, como antaño. «¡Este hombre no se va así como así!», anticipaba. Él, que suele votar demócrata, dice haber respetado a todos los presidentes cuando ha visto que eran «hombres buenos», como Reagan o Bush, menciona, porque no se considera una persona política, pero no podía extender ese respeto a Trump. «Estoy cansado de que este hombre divida al país, nos mienta y nos engañe. ¡Mira cómo se le ha ido de las manos la pandemia! Y ahora encima dice que va a despedir al doctor Fauci (epidemiólogo jefe)».
A esas horas Trump se despedía de su personal de campaña en Arlington (Virginia) con cierta melancolía y un inusual brote de sinceridad. «Ganar es fácil, pero perder no. No para mí», confesó.
Por eso mismo los demócratas habían preparado un ejército de 400 abogados solo para Pensilvania, el Estado más crítico, donde Joe Biden seguía haciendo campaña hasta prácticamente haber tocado la campana de las urnas. Trump ha criticado a los tribunales por permitir que en ese Estado se reciban papeletas hasta tres días después, siempre que lleguen con el matasellos de antes de las elecciones, porque lo ve como una estratagema para ralentizar los resultados y robarle el triunfo. Carolina del Norte, otro «stado crítico, tiene nueve días para contarlos. Y también por eso Jen O'Malley Dillon, jefe de campaña de Biden, anunció el lunes por la noche que «bajo ningún escenario» el candidato demócrata concedería ayer la derrota, decidido a que se cuenten todos los votos.
Viernes -6- Noviembre, a las 22.00, en Telecinco, foto,.
Fernando Trueba y Penélope Cruz,.
Los tribunales reconocen a Fernando Trueba como autor de 'La reina de España',.
Carlos López y Ángel Egea interpusieron un recurso tras una sentencia ya favorable al cineasta,.
La Justicia ha vuelto a dar la razón a Fernando Trueba. Así lo ratificó ayer el tribunal de apelación de la Sección Nº 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, que investigaba la coautoría de Carlos López y Ángel Egea en el guion original de 'La reina de España', tras una sentencia favorable en primera instancia para el cineasta madrileño. Ante esta, los dos interpusieron un recurso contra el realizador y su productora y ahora la Audiencia Provincial ha resuelto que el director es el único autor y rechaza las peticiones de los demandantes, a los que obliga, además, a pagar las costas.
El tribunal considera que los autores del guion de la película 'La niña de tus ojos', precuela de 'La reina de España', son Rafael Azcona y David Trueba, que partieron de un guion original, obra de los demandantes, para desarrollar una historia propia y completamente nueva a partir de la peripecia real de los cineastas españoles que tras la guerra civil rodaron películas en los estudios Ufa de Berlín, bajo los auspicios del Ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels.
Los demandantes figuraron en aquel guion como coautores del mismo por su exigencia planteada en los días previos al estreno comercial de la película. Dieciocho años después, cuando Fernando Trueba se disponía a estrenar la secuela, 'La reina de España', los demandantes exigieron una compensación económica a cambio de no interferir en el estreno de la película. Reclamaban, además, ser dueños y creadores de los personajes de la cinta. Pero Trueba y la productora se negaron en redondo y estos interpusieron una demanda por lo mercantil. Cuatro años después, los tribunales fallan a favor del cineasta.
Fuentes de la productora de Fernando Trueba aseguran que el daño reputacional y comercial sufrido por la película que protagonizaron Penélope Cruz y Antonio Resines «no será nunca compensado», pero que al menos la decisión judicial deja claro que el director «actuó siempre con rigor profesional y respeto por la legalidad de la propiedad intelectual».
TITULO: Detrás del muro - PÁGINA DOS - Especial literatura de terror ,.
Martes -3- Noviembre , a las 20.00, en La 2, foto.
Página Dos - Especial literatura de terror,.
Este martes el programa 'Página Dos' se suma a la celebración de Halloween con un especial de literatura de terror.
El plato principal lo sirve la crítica de cine Desirée de Fez con su libro 'Reina del grito', en el que explora sus miedos personales y cómo las películas de terror le ayudaron a soportarlos.
De la mano de los escritores Jesús Palacios y Gemma Solsona, 'Página Dos' destaca los mejores títulos, tanto clásicos como actuales, de la literatura de horror.
Además, Daniel Ausente y Artur Laperla se adentran en el cómic terrorífico. Y Jaume Copons dará una clase magistral sobre los miedos infantiles en la literatura infantil.
Tropezones rentables y caídas gratuitas,.
Indemnizaciones. Las víctimas de lesiones en las vías públicas que tienen consecuencias físicas son tratadas de diferentes formas en los tribunales,.
Con diez días de diferencia, los ayuntamientos de Cáceres y Badajoz han recibido dos valoraciones muy distintas por unos hechos parecidos. El Consistorio pacense tendrá que pagar 11.000 euros a una mujer que se cayó en una acera debido a una baldosa hundida. Al cacereño una vecina accidentada en circunstancias similares le reclamaba 35.000 euros, pero la Comisión Jurídica de Extremadura consideró que la afectada no observó la atención adecuada.
Si alguien se cae en una acera por el mal estado de la vía, ¿tiene derecho reclamar una indemnización? ¿Cuánto dinero podría conseguir? ¿Por qué unos ganan y otros pierden? Los ayuntamientos extremeños reciben cada año centenares de reclamaciones por caídas, en algunos casos las indemnizaciones superan los 15.000 euros y otras se rechazan. Depende de muchos factores: si el obstáculo o la rotura en la acera era responsabilidad municipal, si estaba señalizada, si la visibilidad era buena, si el peatón prestaba atención...
En cifras, el Ayuntamiento de Mérida detalla que en 2019 recibió 36 reclamaciones por responsabilidad patrimonial, dos de ellas derivaron en procesos jurídicos y en ambos casos ganó el Consistorio. Del Ayuntamiento de Badajoz hay datos de 2012. Recibieron 128 quejas y en 36 de ellas la administración local fue condenada. Pagó 118.000 euros en indemnizaciones ese año. El año pasado el Ayuntamiento de Cáceres recibió 29 reclamaciones, parte de ellas siguen en trámite o en vía judicial, pero el Consistorio ha desestimado 7, otros 10 interesados han desistido y en 4 casos los responsables municipales han pagado, bien por estimarla reclamación o bien por acuerdo. En total pagaron 17.800 euros en esos cuatro casos.
La ley permite reclamar. Y no una cualquiera, la Constitución Española. En su artículo 106.2 establece que «los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos».
La norma ya desvela dos claves: el peatón que demanda debe acreditar que los servicios públicos funcionaron mal, por ejemplo no reparando una acera rota ni señalizando el obstáculo. En cuanto a la indemnización, solo tendrá derecho a la misma si la lesión es real, no potencial, y los afectados tienen un año de plazo para reclamar. La petición de compensación se envía primero a la administración responsable, por ejemplo un ayuntamiento. Si la institución no contesta o deniega pagarla, puede iniciar el proceso judicial.
¿Pero reclama mucha gente? «Lo cierto es que no, muchas veces por desconocimiento y otras tantas por miedo a los costes que tiene reclamar», admite Fernando Cumbres, de Cumbres Abogados, el bufete que logró la última sentencia por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Badajoz. Este letrado tiene un consejo para los que se caigan en una acera: «Llamar inmediatamente a la policía y a la ambulancia. Tomar fotografías e identificar a los testigos de la caída. Y una vez hayamos sanado hacernos una pericial médica que determine las lesiones y secuelas sufridas, lo que servirá para determinar la cuantía de la indemnización».
Los abogados dejan claro que no hay una fórmula que garantice una indemnización. Dos hechos idénticos pueden obtener distinta sentencia en función del juzgado.
«No hay nada asegurado. Una vez tuve un caso de una mujer que se cayó en Guadalupe, había pasado por una zanja señalizada, pero el juzgado le dio la razón aunque estaba bien anunciado y ella escogió pasar por allí. Otro caso, sin embargo, una persona metió el pie en una alcantarilla rota y le denegaron la indemnización», explica el abogado cacereño Estanislao Martín.
«Cada caso es distinto y depende de la prueba que consigamos recabar. Pero si algo tengo claro es que el desperfecto que ocasiona la caída no puede ser muy evidente, pues sería imputable al ciudadano y su falta de cuidado, pero tampoco tan pequeño que sea extraño que haya ocasionado eso. Al final queda un poco al criterio del juzgador y las otras pruebas del procedimiento», detalla Fernando Cumbres.
Existen, sin embargo, ciertas pautas en las sentencias que hay que tener muy en cuenta. La más importante es la atención. «Si se demuestra que no prestaba una mínima atención o ya, si iba con el móvil, lo rechazarán», asegura Estanislao Martín.
Ojo con distraerse
En la mayor parte de las sentencias que rechazan indemnizar al peatón, los jueces argumentan una distracción. En Badajoz, por ejemplo, el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 desestimó la petición de una vecina que pedía 25.000 euros tras sufrir lesiones graves al tropezar con un alcorque (los agujeros donde se plantan los árboles). La sala alegó que el desnivel entre la acera y el alcorque es necesario para el riego, que la calle era ancha y el agujero visible y matizó que «la caída se puede deber más a una distracción momentánea que a un mal funcionamiento de un servicio público».
A una conclusión similar llegó el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Mérida que denegó una indemnización a una mujer que se cayó en una calle con pendiente. La sala aseguró que andar por la acera «exige un comportamiento diligente por parte del viandante ante los inevitables obstáculos que existen en cualquier espacio público».
Pero hay excepciones. La última sentencia contra el Ayuntamiento de Badajoz, que le obliga a pagar 11.000 euros a una anciana, reconoce que el defecto era mínimo, una baldosa hundida 2 centímetros, pero falla a favor de la herida porque es una mujer de 80 años. «Aún considerando que el accidente se produjo a plena luz del día y con un acerado ancho, lo avanzado de la edad de la recurrente excluye cualquier consideración a su exclusiva responsabilidad o culpa, debiendo optarse por considerar que la recurrente no logró, de acuerdo con las capacidades propias de su edad y circunstancias, percibir un defecto que, aun mínimo (unos dos centímetros) sí resultaba potencialmente peligroso», dice el fallo judicial.
«Si se entiende que el peatón no prestaba atención, o incluso iba con el móvil, se rechazará» Estanislao Martín Abogado cacereño
«Cada caso es distinto. Poca gente demanda y al final queda al criterio del juzgador y las pruebas del procedimiento» Fernando Cumbres Abogado pacense
La señalización también es clave. En 2016 el Ayuntamiento de Badajoz tuvo que pagar 4.000 euros por una caída debido a un escalón que no se distinguía del resto de la acera por ser del mismo color. En 2004 el Consistorio emeritense pagó 7.000 porque un hombre metió un pie en una arqueta de riego que no tenía tapa y no tenía vallas ni advertencias.
La visibilidad también es clave. Una administración puede ser condenada porque no hay suficientes farolas o por carambolas más complicadas. Las arcas municipales de Badajoz tuvieron que abonar 13.000 euros por una mujer que se tropezó con una arqueta. La sentencia detalló que era un «obstáculo mínimo», pero no pudo verlo porque una máquina barredora se cruzó en su camino.
En cuanto las cantidades que pueden recibir los peatones afectados, el letrado Estanislao Martín detalla que no existe un baremo fijado. Suele aplicarse el de accidentes de tráfico que tiene en cuenta cuántos días de baja o incapacidad ha estado el herido y la gravedad de las lesiones.
TITULO: Jordi Évole y Lo de Évole - Fernández Díaz -operación Kitchen,.
En busca del cerebro de la 'operación Kitchen',.
La primera ronda de declaraciones de los políticos investigados no despeja la incógnita del autor intelectual y avanza un fuego cruzado entre las defensas,.
¿Quién fue el cerebro de la 'operación Kitchen'? Dos años después de abrirse una causa en la Audiencia Nacional el gran interrogante de esta investigación sigue sin despejarse. El juez y los fiscales anticorrupción siguen recopilando indicios para construir un relato coherente sobre la presunta ilegalidad del espionaje parapolicial al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su familia, ocurrido en pleno escándalo de la 'caja B' del partido en 2013.
Desde el pasado viernes, el procedimiento ha entrado en una nueva dimensión tras concluir la primera tanda de declaraciones a los principales acusados. El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, puso el broche a las comparecencias de los mandos políticos y policiales investigados en esta pieza separada del 'caso Villarejo'. Una causa abierta por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y revelación de secretos.
Con el levantamiento del secreto del sumario a principios de septiembre, las estrategias de defensa ya se van perfilando.Describen un paisaje de fuego cruzado entre los encausados para asignar la autoría intelectual de este dispositivo de seguimiento sin control judicial.
¿Fue un encargo de los responsable de Interior o un trabajo por libre de la antigua cúpula policial con el sello inconfundible del excomisario José Manuel Villarejo? ¿La finalidad era recuperar los documentos que Bárcenas decía disponer sobre la 'caja B', y hacer control de daños para el PP, o hubo una pretensión de la camarilla policial de hacer negocio con la causa dada la relevancia de los donantes que aparecían en la contabilidad secreta del extesorero?
Para el juez instructor, Manuel García Castellón, los indicios recopilados hasta la fecha permiten determinar que las órdenes se dieron en el seno del Ministerio del Interior. Es decir, vinieron de los mandos políticos. No obstante, salvo un giro inesperado de los acontecimientos en los próximos meses, falta por saber por parte de quién y compilar los hechos incriminatorios para poder llevar la investigación a juicio con las máximas garantías.
Si el pasado jueves el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, apuntó que supo del operativo por boca de su jefe Fernández Díaz, un día después éste negó la mayor ante el juez. El exministro afirmó que conoció los hechos «por la prensa» y sostuvo, en una suerte de huida hacia adelante, que los mensajes enviados desde su teléfono a su número dos, en los que admite conocer en primera persona el desarrollo del dispositivo, pudieron ser manipulados por el propio Martínez como respuesta a la decisión del PP de no llevarle en las listas de las pasadas elecciones generales.
Creíble o no, Fernández Díaz optó por la estrategia de la avestruz. Si ha pasado algo yo no sabía nada; han sido desleales conmigo por no darme información; mi número dos actúa contra mí por despecho...A lo que el juez le respondió con sorna que para ser ministro «no se enteraba de nada» y que Interior bajo su dirección era «un reino de taifas».
Los dos indicios incriminatorios más sólidos contra el exdirigente popular, hombre de confianza de Mariano Rajoy, son precisamente la declaración de Martínez y los mensajes que éste llevó ante notario en verano de 2019. Lo hizo, «dolido», después de que su jefe dijera en una entrevista que no sabía nada de la 'operación Kitchen'.
Alta expectación
En el caso del ex secretario de Estado, su comparecencia no cumplió con las elevadas expectativas que se habían generado. «Voy a contar al juez todo lo que sé», aseguró a mediados de septiembre a 'El País'. Martínez, letrado en las Cortes, que aterrizó en Interior en enero de 2013, coincidiendo con el hallazgo de la fortuna oculta de Bárcenas en Suiza, se quedó a medias. No tanto por su silencio a las preguntas de las acusaciones, más pendientes de si elevaba la autoría intelectual del operativo a la cúpula del PP (Rajoy o María Dolores de Cospedal), como por su medida estrategia de dirigir el foco hacia la responsabilidad de Fernández Díaz.
Esta exposición no quiere decir que le estuviera incriminando, porque de ser así estaría admitiendo explícitamente que el dispositivo de espionaje a Bárcenas era ilegal. En cambio, uno de los puntos fuertes de su declaración fue sostener la misma tesis que han defendido los mandos policiales investigados: el operativo tenía la finalidad de identificar a los testaferros del extesorero y conocer dónde había escondido su dinero. Un plan perfectamente legítimo.
El único inconveniente de este alegato es la línea de defensa que está siguiendo uno de los hombres claves de 'Kitchen', el comisario Enrique García Castaño. Éste era responsable entonces de la unidad de apoyo a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, liderada por Eugenio Pino, un comisario también investigado y cercano al exministro.
Defendido por el despacho del juez inhabilitado Baltasar Garzón, García Castaño ha optado por colaborar con la investigación desde hace algunos meses, señalando sus cartas frente a la estrategia conservadora del resto de acusados. «A mí se me transmite desde el Ministerio del Interior que el plan era en realidad para descubrir si Bárcenas se había llevado algunos discos duros de la sede del PP, en los que aparecía la financiación que había recibido el partido de donaciones, pagos, etc.», ha admitido el comisario, echando por tierra la teoría de la búsqueda de los testaferros del extesorero.
En suma, en esta nueva fase de la causa se irá perfilando los papeles de cada investigado. En el caso de Francisco Martínez, el principal señalado, se deberá preparar además para responder a la negativa de Fernández Díaz de admitir su conocimiento de la 'operación Kitchen'.
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