EN PRIMER PLANO - A FONDO -¡ BUENOS DIAS, JAVI Y MAR CADENA 100 ! - Fernando Grande-Marlaska Gómez Juez,./ REVISTA XL SEMANAL PORTADA ENTREVISTA - EL FINAL DEL CAMINO GUERRILLEROS COLOMBIA,.

TITULO: EN PRIMER PLANO - A FONDO - ¡ BUENOS DIAS, JAVI Y MAR CADENA 100 ! - Fernando Grande-Marlaska Gómez Juez,.

  ¡ BUENOS DIAS, JAVI Y MAR ! CADENA 100 ,.
 
  Lo mejor del programa ¡Buenos días, Javi y Mar! que se emite cada mañana en CADENA 100 de 06:00 a 11:00 y que presentan Javi Nieves y Mar Amate.,etc.

 Fernando Grande-Marlaska Gómez Juez,.

Fernando Grande-Marlaska - foto,.

Fernando Grande-Marlaska Gómez
El juez Fernando Grande-Marlaska, en la Universidad de La Rioja
Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Actualmente en el cargo
Desde el 16 de abril 2012
Designado por	Consejo General del Poder Judicial
Predecesor	Javier Gómez Bermúdez
Vocal del Consejo General del Poder Judicial Actualmente en el cargo
Desde el 4 de diciembre de 2013
Presidente	Carlos Lesmes Serrano
Titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 3 de la Audiencia Nacional
2007-2012
Designado por	Consejo General del Poder Judicial
Predecesor	Teresa Palacios Criado
Sucesor	Javier Gómez Bermúdez
Información personal
Nacimiento	26 de julio de 1962 (54 años) Bilbao, provincia de Vizcaya (España)
Nacionalidad	Española
Educación
Alma máter	Universidad de Deusto
Información profesional
Ocupación	Magistrado

Fernando Grande-Marlaska Gómez (Bilbao, 26 de julio de 1962) es un juez español.

Biografía

Nacido en Bilbao, es hijo de Avelino Grande, miembro de la Policía Armada.¹ Ingresó en la carrera judicial en 1987 y hasta 1989 prestó servicio en el Juzgado de primera instancia de Santoña, en Cantabria, desde el que instruyó la causa contra Rafael Escobedo por el crimen de los marqueses de Urquijo. En 1990 pasa al Juzgado de Instrucción nº 2 de Bilbao, en el que permanece durante 9 años. Promociona en ese momento a Presidente de la Sección Sexta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Vizcaya.
En 2003 se instala en Madrid, como titular del Juzgado de Instrucción nº 36 y en 2004 pasa ya a la Audiencia Nacional en calidad de Magistrado sustituto del Juez Garzón en el Juzgado Central de Instrucción nº 5, donde se dio a conocer a nivel nacional; ya siendo conocido como instructor en la villa de la que es natural, y de la que decidió partir a la de Madrid presionado por las amenazas de ETA.

Magistrado de la Audiencia Nacional

Hasta el 30 de junio de 2006 ejerció en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, sustituyendo provisionalmente a su titular, el juez Baltasar Garzón.
Destacó por la instrucción de causas contra la banda terrorista ETA, paralizando manifestaciones de la izquierda 'abertzale', convocadas por Arnaldo Otegi y por la intervención policial de la organización Fórum Filatélico. Al reincorporarse Garzón a su plaza (el 1 de julio de 2006) quedó adscrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Se presentó como candidato independiente al Consejo General del Poder Judicial (2006), pero no fue elegido.
En 2007 asumió la titularidad del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, en sustitución de Teresa Palacios.
En ese momento se hace cargo del caso más importante: el accidente del avión Yak-42 que costó la vida a 62 militares el 26 de mayo de 2003 cuando regresaban de Afganistán. Sin embargo a los cuatro meses de llegar al juzgado, el 1 de junio de 2007, archivó el caso, y atribuyó las responsabilidades a la tripulación ucraniana, eximiendo al Ministerio de Defensa del accidente por contratar un avión inseguro^{[cita requerida]}. Sin embargo, el 22 de enero de 2008, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal revocó por unanimidad el archivo, alegando que el juez no había practicado diligencia alguna e indefensión de las víctimas. Una vez reabierto el sumario, citó como testigos a la cúpula militar del momento, y a los ex ministros Federico Trillo y José Bono. Finalmente el 20 de mayo de 2008, imputó por 62 homicidios por imprudencia grave, a cinco altos mandos militares, entre ellos el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Antonio Moreno, máximo jefe de la cúpula militar en el momento del accidente.
El 30 de agosto de 2007 decretó la apertura de juicio oral por injurias a la Corona a varios artistas gráficos. En junio de 2007 decidió archivar la causa abierta contra cuatro directivos de Air Madrid por presunta estafa cometida durante la crisis que afectó a la aerolínea en diciembre de 2006 y, en septiembre de 2007, rechazó los recursos de apelación presentados por la Asociación General de Consumidores y Usuarios y la Organización de Consumidores y Usuarios|OCU| contra el archivo del auto.
El 23 de febrero de 2012 es nombrado presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional en sustitución de Javier Gómez Bermúdez.²
El 29 de noviembre del año siguiente fue designado vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Partido Popular, por el Senado de España.³

Vida privada

Sólo ha concedido una entrevista íntima. Fue a Rosa Montero y se publicó en EPS El País Semanal el 11 de julio de 2006.⁴
Ha sido cara visible de numerosos actos, uno de los más sonados, el de una campaña para el uso del preservativo entre el colectivo LGBT.⁵ En la campaña también aparecían el presentador de TV Jesús Vázquez y el escritor y showman Boris Izaguirre.
La revista Zero, dirigida mayoritariamente a un público homosexual, en su número 84, informó que el jurista había contraído matrimonio civil con su pareja.

Amenazado

El descubrimiento de un comando operativo de la banda terrorista ETA y su posterior investigación (por orden de su compañero, el juez Baltasar Garzón) hicieron saltar las alarmas(24.julio.2008) puesto que llevaba siendo vigilado varios meses y se pretendía un inminente asesinato contra su persona en su residencia de vacaciones en un pueblo de La Rioja,.

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A comienzos del próximo año, se cumplirán cincuenta de la muerte del tristemente famoso Camilo Torres, cura guerrillero colombiano. El aniversario precederá unos pocos días al probable final de un largo proceso negociador que traerá el comienzo de la paz para ese gran país, asolado por atentados y guerrillas desde hace más de medio siglo.
            Apenas iniciado el XXI, Andrés Pastrana planteó un ambicioso plan de lucha contra el narcotráfico, y reanudó las negociaciones con la guerrilla.  Por entonces, la Administración norteamericana disipó dudas sobre sus deseos de intervención militar: se evitó el riesgo de que Colombia se convirtiera en un nuevo Vietnam, condenado de antemano al fracaso. Y Washington prometía una importante ayuda económica, para crear las condiciones necesarias de una paz duradera. Lógicamente, al combate contra narcotráfico, guerrillas y paramilitares, se unía la necesidad de reforzar las instituciones políticas y jurídicas, y un auténtico desarrollo económico y social de la república.
            Dos años después, en 2002, la Casa Blanca invirtió diez millones de dólares en una campaña de publicidad contra la droga, que vinculaba la violencia en las Américas del sur con las adicciones en el norte, una tesis relativamente hipócrita, que ha lastrado la lucha hasta nuestros días, mientras la violencia se acercaba a Estados Unidos. Uno de los anuncios se lanzó el día de la Super Bowl, la gran final del fútbol americano, que seguían por televisión unos 86 millones de personas. Aparecían en pantalla típicos adolescentes que decían: “Ayudé a asesinar familias en Colombia”. “Ayudé a secuestrar padres de familia”. “Ayudé a que niños aprendieran a matar”. “Ayudé a matar a policías”. “El dinero de la droga apoya el terror ‑concluía el spot de 30 segundos‑; si usted compra drogas, también puede estar apoyándolo”. A pesar de sus limitaciones, mostraba voluntad política a favor de la paz, en plena guerra contra el mal, tras el apocalipsis terrorista en Manhattan.
            La elección ese año del presidente Álvaro Uribe transmitía un mensaje popular unánime por la concordia. Parecía evidente el cansancio del pueblo ante un conflicto interminable, cada vez más sangriento. Su propuesta-promesa de guerra total a guerrilla y paramilitares planteaba muchas incógnitas: se confirmó con la petición a Estados Unidos de un despliegue militar, como en el Golfo Pérsico. Luego rectificaría y trataría de negociar con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Rompió las conversaciones en 2006.
            Con los años, el problema se complicó, sobre todo, por la concomitancia entre terrorismo y narcotráfico. Colombia se convirtió en el gran proveedor de cocaína para Estados Unidos y Europa, con las tragedias conexas por las peleas entre bandas, y el aporte de medios económicos para la guerrilla subversiva.
            Mucho tiempo tendría que pasar hasta el comienzo en 2012 del probable proceso de paz definitivo, que incluye la disolución de las milicias populares configuradas en torno a las FARC. Se han sucedido momentos de esperanza y de pesimismo, como la reanudación de bombardeos a finales de aquel año, como respuesta a un ataque de la guerrilla en el que murieron diez soldados, una de las acciones más mortíferas desde la apertura de las negociaciones.
            Pero se superó la crisis, y continuaron las conversaciones en La Habana, desde donde, el pasado 23 de septiembre, se difundía una foto histórica: el apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el dirigente de las FARC, Timoleón Jiménez (Timochenko). Acaban de firmar un acuerdo sobre el futuro jurídico de los combatientes, punto esencial en la negociación. A partir de ahí, se espera que el pacto definitivo, con el abandono de las armas, se produzca en marzo.
            Frente a la actitud crítica de los anti-negociadores, con el anterior presidente Uribe a la cabeza, se impone un compromiso importante: no habrá amnistía para actos de lesa humanidad, genocidios, crímenes de guerra, deportaciones forzosas y torturas; sí para los crímenes “políticos o conexos”, que se definirán en una ley posterior. Se creará un tribunal especial –con participación de jueces extranjeros‑, encargado de juzgar a los autores de crímenes durante el extenuante conflicto, tanto guerrilleros, como policías o militares.
            Entretanto, se mantiene desde julio la tregua unilateral de las FARC, el gobierno ha suspendido los bombardeos y ha adoptado medidas para favorecer una “desescalada” del conflicto, como la suspensión –anunciada por el fiscal general Eduardo Montealegre‑ de las acciones jurídicas contra los jefes de la guerrilla por “graves violaciones de derechos humanos”. Y, a pesar de reticencias sectoriales, la mayoría mira hacia el 23 de marzo próximo, como fecha del acuerdo final.