"No hay responsabilidades penales por la catástrofe del Prestige", así de claro se ha mostrado esta mañana el magistrado Juan Luis Pía, presidente del tribunal que juzgó los hechos, al leer la
sentencia por
los daños derivados del hundimiento del petrolero en noviembre de 2002
ante las costas de Galicia y que provocó una marea negra que afectó a su
costa, pero también a la del resto del Cantábrico,
incluida Asturias.
De los tres acusados, solo el capitán del buque, Apostolos Mangouras,
ha sido condenado a nueve meses de prisión por un delito de
desobeciencia grave, por haber demorado tres horas el remolque del
petrolero, aunque este griego de 78 años no irá a la cárcel. Tanto él,
como el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el ex director
general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, el único
responsable del Gobierno de Aznar que se sentó en el banquillo, han sido
absueltos por la catástrofe medioambiental, aunque se pedían para ellos
penas de cárcel de 5 a 12 años. Además, nadie pagará los daños causados
por la 'marea negra', que la Fiscalía calculó que ascendían a 4.328
millones de euros, por lo que solo quedan para las indemnizaciones los
22 millones de euros de fianza depositados en 2002 por la aseguradora
del barco, The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance. Este fallo
marca el punto final a un prolongado camino judicial sobre
la mayor catástrofe de este tipo ocurrida en España.
Los detalles de la sentencia
El magistrado ha asegurado en la lectura de la sentencia
que "nadie puede negar el fallo estructural del barco, pero no se puede
saber la razón". Además, ha insistido en que "no queda demostrada ninguna responsabilidad penal,
aunque pudo haber algunas infracciones administrativas". En este
sentido, ha recordado que los indicios no han tenido valor probatorio y
ha aclarado que cuando algo no queda acreditado no puede existir una
implicación penal. También ha restado valor a algunos de los testimonios
a la hora de determinar las responsabilidades del caso. "No está
demostrado que la rotura del tabique fuera la consecuencia del
hundimiento, la falta de consevación no podía ser advertida por los
acusados", ha comentado, para subrayar que es imposible saber con
seguridad por qué sucedió la catástrofe, ni que los acusados cometieran
una imprudencia.
Sobre el ex director general de la Marina Mercante José
Luis López Sors, ha defendido que con el alejamiento del buque inteba
evitar los efectos de un posible vertido en la costa española y que
nadie podía prever que el barco se fuera partir en dos. Además, ha
considerado que su decisión fue lógica y carente de dolo directo.
Incluso ha destacado que hoy mismo no hay coincidencia sobre qué habría
que hacer si se repitiera un caso así. Para el juez, que ha aprobado la
labor del Gobierno, "la administración española no provocó, sino que
gestionó" la situación y ha dicho que "no impuso ningún rumbo suicida".
De hecho, ha defendido que no se puede saber ni siquiera si la decisión
fue incorrecta.
El fallo fue leído hoy, once años después de aquella
fatídica tragedia, en la sala primera del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia. La compleja instrucción del caso dilató enormemente el
proceso hasta el punto de que tuvieron que pasar diez años para poder
celebrarse el juicio por el accidente de este monocasco, siniestro que
desembocó en la mayor marea negra que se recuerda en el país, una ruta
del fuel en la que todos los caminos conducían a Muxía, el pueblo de la
coruñesa Costa da Morte coronado como la "zona cero". Este macrojuicio,
el de mayores dimensiones celebrado en Galicia, fue declarado visto para
sentencia por Pía el pasado 10 de julio, después de ocho meses, 400
horas en 89 sesiones, y 204 declaraciones de testigos y peritos.
En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía reclamó
durante la vista oral 4.328 millones de euros de indemnizaciones por los
daños derivados de la 'marea negra' que produjo el hundimiento del
buque. Dadas sus dimensiones, con 2.128 partes personadas, 133 testigos,
98 peritos, 51 abogados y 21 procuradores, el macrojuicio se celebró en
el recinto ferial de A Coruña y su coste superó el millón de euros.
La Fiscalía argumentó durante la vista oral que la condena
del capitán del buque era la única alternativa para conseguir que la
operadora y la aseguradora del 'Prestige', Universe Maritime y London
P&I Club, respectivamente, hicieran frente a la totalidad de la
póliza de 1.000 millones de dólares que tienen suscrita, y apostaba para
ello por la aplicación del Código Penal español.
Mangouras tenía 67 años cuando el día 5 de
noviembre de 2002 zarpó
de Risga con 77.000 toneladas de fuel pesado en los tanques del
petrolero 'Prestige', un ajado monocasco de bandera de conveniencia.
Siete mil euros de nómina mensual por una última travesía para un viejo
capitán con 44 años de experiencia, quien no sabía que aquel día comenzó
a gestarse
la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España.
El 19 de noviembre de 2002, tras seis días a las deriva frente a
Fisterra (A Coruña), el 'Prestige', que operaba bajo bandera de Bahamas,
se partió en dos y se hundió provocando un vertido de más 67.000
toneladas de fuel que anegó las costas de Galicia y afectó a más de
1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia. Este suceso
desencadenó la mayor respuesta solidaria de la sociedad civil en España
frente a una catástrofe medioambiental, con miles de voluntarios de todo
el país que se trasladaron a Galicia para ayudar a limpiar a mano el
crudo esparcido por las playas y rocas de la costa afectada.
TÍTULO; EL PAN, El juez apunta contra la infanta por el dinero negro de Aizoon,.
El juez apunta contra la infanta por el dinero negro de Aizoon ... nombre de Iñaki Urdangarin pero en la que Cristina de Borbón aparece como ...foto y el pan.El juez José Castro vuelve a poner en su punto de mira a la infanta y de nuevo con Aizoon, la empresa que comparte con su marido, como argumento. El magistrado ordenó a Caixabank que revele todos los movimientos durante dos meses de una cuenta a nombre de Iñaki Urdangarin pero en la que Cristina de Borbón aparece como "autorizada". Se trata del depósito en el que supuestamente terminaron 150.000 euros que salieron de la caja central de Aizoon y cuya procedencia sigue siendo una incógnita para Hacienda, que sospecha que pudiera tratarse de un movimiento de dinero negro.
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