El sabado -19- Enero a las 21:30 por La 1, foto,.
Rearme machista,.
- Hablamos también de la inmigración desde Marruecos, así como de Extremadura, vagón de cola,.
- El consenso sobre la lucha contra la violencia de género, amenazado.
La exigencia de Vox, luego retirada, de derogar la ley andaluza sobre
violencia de género a cambio de su apoyo al gobierno de coalición de PP y
Ciudadanos, lo ha puesto a prueba. Más de un centenar de organizaciones
feministas han publicado un manifiesto bajo el lema "¡Ni un paso
atrás!" en el que aseguran que "los derechos de las mujeres no se
negocian" y que no van a "permitir ningún retroceso". Informe Semanal ha
entrevistado a víctimas, asociaciones de mujeres y de hombres contra
los malos tratos, expertos y a representantes de los partidos
mayoritarios. Con todos ellos ha hablado sobre ese intento de la extrema
derecha de reabrir un debate cerrado desde 2004, con la ley aprobada
por unanimidad del Congreso y que una parte de la derecha ha empezado
ahora a cuestionar.
Puede comentarlo en el hashtag #RearmeMachistaISCRUZAR A TODA COSTA
Marruecos ha multiplicado las redadas en el norte del país para evitar la salida masiva de inmigrantes. Pero su gobierno se queja de que solo no puede controlar el flujo de los que quieren cruzar como sea el Estrecho. Y reclama ayuda a la Unión Europea para una crisis que alcanzó en 2018 cifras récord: más de 54.000 emigrantes llegados en patera a las costas españolas. Otros muchos, al menos 750 según la ONU, perdieron la vida en el intento. Un equipo de Informe Semanal ha estado en el norte de Marruecos donde los inmigrantes esperan su oportunidad para intentar cruzar hacia una vida mejor. Desde el verano pasado, la policía traslada a los que no tienen papeles a ciudades del sur, lejos de la costa. Según las ONG 7.000 inmigrantes han sido desplazados en contra de su voluntad. Marruecos ha regularizado en los últimos años a más de 50 mil inmigrantes, más que ningún otro país africano. Pero el cierre de la vía Libia hacia Europa ha incrementado la presión migratoria y pide más recursos a la Unión.
Puede comentarlo en el hashtag #MarruecosInmigraciónISEXTREMADURA, VAGÓN DE COLA
Las averías de los trenes y las promesas incumplidas agotan la paciencia de los extremeños. El año comenzó con un percance, el enésimo, en la ruta entre Badajoz y Madrid. Los extremeños han bautizado al tren que la cubre como el de la vergüenza. Informe Semanal analiza esta semana las promesas sobre infraestructuras ferroviarias hechas durante años por sucesivos gobiernos que siguen sin cumplirse. Hablamos también con responsables políticos y empresariales y con víctimas de las contínuas incidencias: fallos eléctricos, retrasos y hasta un incendio en una de las locomotoras. Una línea vieja y trenes antiguos son parte del problema para el que plataformas de ciudadanos, instituciones, sindicatos y empresarios, piden urgentemente una solución.
- TITULO: LA NOCHE TEMATICA - Un informe científico 'derriba' la 'Marbella extremeña' , , SABADO -19- ENERO,.
El Sabado -19- Enero a las 23:40 por La 2, fotos,. - Un informe científico 'derriba' la 'Marbella extremeña' ,.
- La isla que no debió ser
De la 'Marbella extremeña' a un posible 'Algarrobico'. Un informe
de la Estación Biológica de Doñana -adscrito al Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)-, solicitado por el Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura, asegura que mantener las actuales
instalaciones de 'Marina Isla de Valdecañas' es 100 veces más perjudicial que demolerlo.
Si finalmente eso ocurre, no sólo se tratará de evaluar las repercusiones económicas para los propietarios que invirtieron en el lujoso complejo (que se han agrupado en estos años de litigios judiciales en hasta tres asociaciones diferentes) sino también para las arcas de la Junta de Extremadura: los costes cifrados en el derribo superarían los 34 millones de euros, al margen de las indemnizaciones a los afectados, un golpe durísimo para la administración regional, que ya prepara las alegaciones. Y, por supuesto, también para la empresa promotora (Marina Isla de Valdecañas, S.A., con sede en Sevilla), que ha invertido durante estos años más 130 millones de euros de los 200 inicialmente previstos, aunque ha dejado sin ejecutar -debido a la incertidumbre legal del proyecto- la construcción de una segunda fase que incluía, por ejemplo, de un segundo hotel con spa, éste de cinco estrellas para completar la demanda del ya existente, de cuatro. La sociedad, que afrontó un concurso voluntario de acreedores en 2014, ya planteó en su día demandar a la Junta de Extremadura por esta situación de inestabilidad judicial. Su pasivo, entonces, ascendía a 31,5 millones de euros.
El exhaustivo -y en algunos casos contradictorio- documento, de casi 1.200 páginas, y que ha tardado más de tres años y medio en presentar sus conclusiones - responde a las catorce preguntas planteadas por la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, TSJEx, en relación a las condiciones ambientales de este lujoso complejo.
Las obras de la paradisíaca isla comenzaron en el año 2007, una vez que el entonces gobierno regional de Juan Carlos Rodríguez Ibarra lo declaró de 'Interés Regional' (PIR), dando el visto bueno a recalificaciones de terrenos especialmente protegidos ambientalmente. Tras dos sentencias que declararon ilegal el PIR (emitidas por el propio TSJEx en 2011 y del Tribunal Supremo, en 2014), la Sala de lo Contencioso-administrativo recurrió a la opinión pericial de este organismo científico -hecho público hoy- para tomar, en base a ella, una decisión definitiva. A partir de ahora, las partes tienen hasta el 15 de marzo para presentar alegaciones. Antes, poco después de la sentencia en contra del proyecto en 2011, la Asamblea de Extremadura modificó la Ley del Suelo para esquivar el revés judicial.
Desde hace más de una década, la batalla judicial emprendida por los ecologistas, tanto Adenex como Ecologistas en Acción, ha sido continúa -incluso ante el Parlamento Europeo- para intentar derribar un proyecto que alberga en la actualidad un espectacular resort de 133 hectáreas, con villas de lujo de entre 275 y 560 metros cuadrados, edificadas en parcelas de hasta 800 metros. Muchos famosos, debido a su cercanía con Madrid (apenas hora y media de las localidades cacereñas de El Gordo y Berrocalejo, donde se ubica) invirtieron de la mano de Beltrán Gómez-Acebo, y un sobrino del empresario Alberto Alcocer, Jaime López-Ibor Alcocer, que involucrados en la inversión a artistas o personajes del papel rosa, como el ex baloncestista Fran Murcia, y que sedujo incluso al cantante venezolano Carlos Baute.
En el proyecto inicial contaba con 300 villas, apartamentos, campos de golf de 18 hoyos, un hotel de cuatro estrellas con 80 habitaciones, con piscina, playa artificial, 76 atraques, senderos peatonales y un complejo deportivo con campos de fútbol de hierba y de césped artificial, 10 pistas de pádel, cinco campos de tenis, polideportivos, pista de patinaje, senderos peatonales, carril bici y hasta una marina para convertirse en un oasis para altos directivos de los principales bancos y empresas del país, que adquirieron las villas a un precio medio de medio millón de euros, aunque la crisis de los últimos años y la incertidumbre el precio disminuyó. Incluso se dedicaron partidas a la plantación de 8.000 árboles y 100.000 matorrales.
El informe pericial
Sin embargo, el informe pericial advierte que "los impactos ambientales del uso del complejo son diez veces mayores que los de la demolición" y añade que "mantener el complejo en su estado actual no puede considerarse en modo alguno una medida de conservación, sino la opción más perjudicial para la ZEPA, solo superada por el detrimento que causaría terminar de ejecutar el Proyecto de Interés Regional. Por tanto [...] la opción más beneficiosa es la restauración ambiental de la isla", señala el informe del CSIC, lo que ha llevado a los ecologistas de forma inmediata a pedir nuevamente su derribo: "No existen razones de orden legal ni material que impidan la ejecución de la sentencia que en su día dictó el TSJEx, señala la abogada de Adenex, María Ángeles López. Por lo tanto, "se debe proceder a la demolición del complejo urbanístico buscando el mejor escenario de restauración del espacio protegido por la Red Natura 2000, restituyéndose así la legalidad urbanística primitiva".
El informe de la Estación Biológica de Doñana considera que es mejor cerrar las urbanizaciones y restaurar la zona, pero a la vez desaconseja devolverla a su estado originario: "La demolición seguida de una restauración ecológica tendría un impacto ambiental positivo sobre la ZEPA a largo plazo, en la medida en que suprime un foco de actividad humana permanente y devuelve el espacio ocupado, creando oportunidades de regeneración de los procesos ecológicos y de restablecimiento de la biodiversidad perdida por el uso urbano", aunque matiza: "Antes de las obras, el lugar no destacaba por su calidad medioambiental en comparación con otros de la zona", por lo que "nuestra recomendación es que el uso actual no debe mantenerse".
Sin embargo, también asegura que el derribo "causaría un impacto ambiental notable", aunque a reglón seguido también señala que "mantener el complejo causa un impacto mucho mayor", explicando que "la huella ecológica de la demolición es menor del 1% de la huella ecológica del mantenimiento del complejo". El texto, en algunos casos lleno de contradicciones, también indica que "el restablecimiento de la isla a su estado originario, entendido como la recreación exacta de las condiciones físicas y biológicas que tenía en el año 2006, cuando aún no se había empezado a levantar el complejo, produciría un perjuicio ambiental mayor que un proyecto de restauración ecológica que partiese de la situación actual", es decir, con la isla urbanizada en uso.
"Un informe demoledor"
El coordinador de Ecologistas en Acción en Extremadura, Ángel García Calle, ha señalado que el informe es "absolutamente demoledor en los dos sentidos de la palabra", en tanto que "apuesta por la demolición" del complejo, y por lo "contundente" que es en sus argumentos, por lo que cree que el TSJEx tiene "pocas alternativas" para no resolver a favor del derribo.
Asimismo, ha señalado que el informe da "un varapalo extraordinario" a la DIA realizada por la Junta, que aprobó un proyecto "con una gran cantidad de deficiencias", y subraya que el informe presentado por la Administración regional para no ejecutar la sentencia es "sesgado" y está planteado de una forma "exagerada".
En todo caso, ha señalado que es más partidario de utilizar la palabra "desmantelamiento" que "demolición", en tanto que se recomienda la restauración ecológica "activa y pasiva" partiendo de la situación actual.
En esta línea, al activista Paca Blanco, también de Ecologistas en Acción y vecina del municipio de El Gordo, en cuyos terrenos se asienta el complejo, ha defendido que no se trata de demoler el complejo para dejar en la zona una "escombrera", sino que frente a la demolición tradicional se plantea un desmantelamiento selectivo con una correcta gestión de residuos por tipo de material.
La visión de la Junta de Extremadura
Por su parte, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado que el Ejecutivo regional presentará alegaciones al informe elaborado por la Estación Biológica de Doñana y ha añadido que tiene "confianza ciega" en la Justicia, al tiempo que ha mostrado "todo el respeto" por el trabajo desarrollado por los investigadores del CSIC.
No obstante, ha señalado que él separaría el informe en dos partes, por un lado la de las "evidencias científicas" que caracterizan a todo informe pericial, y por otro las "opiniones", de las que ha dicho que son "respetables en cualquier caso".
Al respecto, ha señalado que la Junta presentará alegaciones al documento con el fin de "orientarlo a lo que considera necesario y justo", ha dicho, para posteriormente reiterar su confianza en la justicia, a la que considera "la clave de bóveda de la democracia".
Mientras, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha argumentado que el futuro económico de la región "pende del mazo de un juez", dado que, si finalmente la justicia decide el derribo de estas instalaciones, Extremadura quedará "arruinada" por el pago de indemnizaciones que pueden ser de "cientos de millones".
"Los extremeños tienen que saber que, si el juez dice que hay que tirar Valdecañas, entonces el PSOE habrá arruinado la región", ha advertido de que el pago de las consecuencias económicas que se deriven de un posible derribo "no pueden salir solo del bolsillo de los extremeños", porque "aquí hay responsabilidad de personas que no hicieron bien las cosas".
Monago ha recalcado que este problema tiene "nombre y apellido y es PSOE" y ha lamentado que siempre que los socialistas están implicados en grandes proyectos los problemas terminan siendo para los extremeños, por lo que ha pedido "máxima prudencia" en relación al "Disney de Castilblanco" para no repetir los errores del pasado.
En todo caso, ha manifestado su convicción de que en Extremadura "hay un exceso de protección ambiental" y ha lamentado que si se derriba Valdecañas "volverán los milanos, pero no volverán nunca las personas". Aun así, ha subrayado que "podemos entrar en valoraciones subjetivas", pero "lo que dice la justicia es que hay que hacer las cosas bien".
El catedrádico de la Universidad de Extremadura, Julián Mora Aliseda, experto en Ordenación Territorial, Urbanismo y Planificación Estratégica, señalaba hace unos días al respecto: Esta región rechaza cualquier tipo de iniciativa empresarial "impactante" (refinería, turismo de embalses, minería...) para convertirse entera en espacio natural protegido. Todos los países o territorios desarrollados poseen actividades industriales o grandes ciudades con emisiones, que al final generan empleo y riqueza, sin dejar de proteger los espacios que lo requieran por sus criterios de: singularidad, rareza, excepcionalidad o vulnerabilidad". Y añadía: "No se puede aspirar a vivir en determinadas condiciones (salvo que se sea funcionario público) sin modificar el paisaje para nuevos usos y actividades y tener un buen "tren" de vida. El resultado es que en Extremadura se despuebla por su "Verde Economía Circular", de doble sentido: 1) Los jóvenes emigran al exterior; 2) Los ancianos al cementerio". Para el reputado experto, la conclusión es clara: "En fin, a este paso en breve será la Kenia de Europa, ideal para safaris fotográficos, donde sus habitantes serán la atracción por ser una "especie en vías de extinción", de este inmenso (41.600 Km2) Parque Temático Regional".
TITULO: Las Rutas de Verónica - La agencia de viajes Rural Ándalus, abocada a concurso de acreedores ,.
El sabado -12- Enero a las 18:10 por La 2, foto,.
La agencia de viajes dedicada al sector del turismo rural Rural Ándalus, de origen malagueño, ha cesado su actividad después de más de veinte años de trayectoria. Así, según confirmó su única responsable en la actualidad, Isabel Heras, la empresa está abocada a concurso de acreedores debido a los problemas económicos que ha sufrido. Heras declaró a este periódico que «la mercantil Rural Ándalus está en situación concursal, los abogados de dicha mercantil están trabajando en este punto y en el momento que se dé el concurso por el juzgado competente se hará saber a los acreedores», aseguró y añadió: «En estos tiempos de dificultad para la empresa mi ánimo es ceñirme estrictamente a los procedimientos que el Derecho contempla», finalizó.La agencia de viajes Rural Ándalus, abocada a concurso de acreedores,.
La sede de la empresa en Málaga cerrada,. La empresa malagueña, a la que 17 dueños de alojamientos reclaman el pago de alquileres, cesa su actividad por problemas económicos,.
La situación de Rural Ándalus ha salido a la luz pública después de que propietarios de alojamientos rurales de la Axarquía y la Serranía de Ronda, en Málaga, pero también de Cazorla y Cádiz, denunciaran impagos de las rentas por el alquiler de sus negocios, que comercializaba esta agencia de viajes. Las cantidades pendientes oscilan entre los 15.000 y los 800 euros.
Estos empresarios se están constituyendo en una plataforma con el fin de presentar una querella conjunta en Málaga, a través del despacho de abogados Ailex, ubicado en Vélez Málaga. Desde este despacho se planteó la hipótesis de una presunta apropiación indebida de fondos.
Lola Sánchez, la letrada encargada, explicó que ya son 17 los empresarios afectados y que «hasta Navidad había constancia del concurso de acreedores». «Nosotros seguimos con la querella. Son propietarios con casas pequeñas que en algunos casos tienen una pensión no contributiva como único ingreso y que les deban 4.000 euros les ha hecho daño», expresó Sánchez y afirmó: «No vamos a tolerar que el dinero de los afectados entre a formar parte de la masa concursal para responder de las deudas de Rural».
El primer turoperador del segmento rural en Andalucía
Rural Ándalus nació en el año 1993, como empresa de servicios en el ámbito rural fundada por tres emprendedoras: Nuria García, Monsalud Galindo e Isabel Heras. En la actualidad, ésta última es la única responsable, ya que García quedó desvinculada de la agencia en 2012 y Galindo decidió dejarla también para ocupar el cargo de delegada territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, al considerar incompatibles ambas actividades.
Rural Ándalus fue pionera en su sector al constituirse como el primer turoperador de turismo rural en Andalucía. Cabe destacar que la empresa malagueña fue la primera en abrir el negocio turístico del interior. Se convirtió en la herramienta para dinamizar el segmento, ya que los alojamientos rurales, entonces, no contaban prácticamente con otro vehículo para llegar a los turistas. Estos emprendedores no tenían dificultad para ofertar sus casas rurales.
En el inicio de su andadura, Rural Ándalus, que en 2011 llegó a operar con 3.600 agencias nacionales y extranjeras a través de Internet, recibió diversos reconocimientos y también se puso en valor el hecho de que, hace 26 años, fuesen tres mujeres las que emprendieran el negocio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario