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LAS HUCHAS DE LAS MONEDAS  - El Gobierno deja fuera de la jornada de 35 horas a miles de funcionarios  , fotos,.

 

El Gobierno deja fuera de la jornada de 35 horas a miles de funcionarios,.

Los miembros de servicio exterior denuncian que se les ha negado oficialmente la aplicación de la reducción horaria. Fuerzas de seguridad e instituciones penitenciarias, entre otros, esperan una respuesta. CSIF amenaza con adoptar e «medidas legales en caso de que no se satisfaga esta reivindicación",.

 

Óscar López defiende que este Gobierno es el que más invirtió en Galicia: "Si Rueda quiere copiar a Ayuso llega tarde",.

La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entró el pasado jueves en vigor, pero existen ya muchas lagunas, con colectivos, departamentos, organismos y entidades que pueden verse fuera de su aplicación. Para ellos, el Ministerio de Función Pública ha abierto «un plazo de un mes para realizar las adaptaciones necesarias en los calendarios correspondientes, así como en los sistemas de control horario». El texto acordado por el Gobierno+ con CSIF, CC OO y UGT establece que el Ejecutivo se compromete a implantar «una jornada general de trabajo de 35 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.533 horas anuales». Esta nueva jornada será solo para la AGE y afectará a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y los organismos autónomos, agencias y entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la AGE y, en general, a todos los funcionarios de esta Administración, aunque la realidad es otra.

 

Para los trabajadores de algunas de esas entidades destinados en instituciones y establecimientos penitenciarios o en instituciones y establecimientos sanitarios, así para como el personal que presta servicios en centros docentes o de apoyo a la docencia la reducción de la jornada deberá adaptarse a las regulaciones específicas que procedan, conforme a los ámbitos de negociación derivados del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep), por lo que su aplicación queda pendiente de negociación. La reducción de jornada tampoco es obligatoria para las entidades locales ni en otras administraciones, aunque pueden decidir sumarse a su aplicación.

Sin embargo, varios sectores de la Administración estatal han recibido comunicaciones en la que se les ha indicado que se quedan fuera de esta normativa. Tal es el caso de los empleados públicos destinados en el exterior, a los que se les ha comunicado que esta medida no les afectaría y queda sin aplicación. Según han informado a LA RAZÓN miembros del servicio exterior y diplomático, el Ministerio ya «nos está trasladando que dicha medida no resulta de aplicación en nuestro caso, manteniéndose para todo el personal laboral en el exterior la jornada de 37,5 horas semanales en virtud del acuerdo vigente de 2007. Esto genera una evidente contradicción entre el alcance general que se está comunicando públicamente y la aplicación real de la medida, dejando fuera a trabajadores que forman parte de la misma Administración y tenemos los mismos derechos». Por ello, estos funcionarios creen que se trata de un agravio comparativo para «un colectivo poco visible pero esencial en la acción exterior del Estado, lo que pone de manifiesto una situación de desigualdad dentro del propio sector público».

Ahora mismo trabajan en el exterior unos 7.600 trabajadores, integrados en el Ministerio de Asuntos Exteriores –unos 5.100–, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que cuenta con 478 empleados, y personal de otros ministerios, casi 1.300 más.

En la misma situación se encuentran los empleados de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Las asociaciones sindicales de la Guardia Civil han solicitado a la Dirección General del Cuerpo «que se contemple expresamente que el personal destinado en aquellas unidades, puestos o especialidades cuyas particulares condiciones de prestación del servicio impidan, total o parcialmente, beneficiarse de forma efectiva de esta reducción, perciba la correspondiente compensación económica por el tiempo de servicio realizado en exceso sobre la jornada de referencia».

Su intención es evitar que la futura implantación de la medida «genere diferencias de trato no justificadas entre guardias civiles en función del destino o de la especialidad desempeñada, por lo que debe arbitrarse un mecanismo compensatorio que garantice una aplicación real y equitativa del nuevo régimen de jornada». En la misma situación se encuentran los cuerpos de la Policía Nacional. Entre ambos cuerpos suman casi 160.000 agentes. Todavía están a la espera de respuesta.

El sindicato CSIF ya ha trasladado a todos los departamentos y áreas de la Administración General del Estado para que apliquen de forma inmediata la jornada laboral de 35 horas. También exigirá la aplicación de las 35 horas en todas las empresas públicas y ámbitos que tengan derecho, como el servicio exterior y los consistorios, y no descarta la adopción de «medidas legales en caso de que no se satisfaga esta reivindicación». La central sindical se ha dirigido asimismo al conjunto de ayuntamientos para que activen las negociaciones y apliquen la nueva jornada laboral en los consistorios y entidades locales que aún no lo disfrutan. El BOE estableció que la resolución entrara en vigor el pasado jueves, aunque se ha abierto un plazo de un mes para realizar las adaptaciones legales necesarias en los calendarios correspondientes, así como en los sistemas de control horario.

Otro de los colectivos en los que se presentaban dudas sobre su aplicación eran los militares. En un principio, la nueva normativa dejaba sin aplicación al personal militar de las Fuerzas Armadas, así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no podrán disfrutar. Al menos el Ministerio de Defensa ha confirmado oficialmente a la Unión de Militares de Tropa (UMT) que procederá «de manera inmediata» a adaptar la jornada laboral de los militares a las 35 horas semanales para «equiparar sus condiciones con las del resto de la AGE». De este modo, se aplicará la modificación de la Orden Defensa 1363/2016 «por la que se regulan la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas», equiparándolo con el resto de empleados públicos. Las asociaciones siguen reclamando «mejoras de derechos laborales que se aprueben para la AGE se implementen de forma simultánea, y no con años de demora, en las Fuerzas Armadas».

Por su parte, los sindicatos sanitarios y médicos han reclamado que la implantación de las 35 horas vaya aparejada de un aumento de plantillas que permita «mantener la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes». Recuerdan que mientras que en Atención Primaria y en el personal médico hospitalario el cambio podría limitarse a transformar los sábados en jornada de guardia, lo que implicaría un incremento retributivo por mayor número de guardias junto con los descansos correspondientes, la situación es muy distinta en otros ámbitos asistenciales. En las salas de hospitalización, urgencias, UCI y otros servicios, si no se produce un aumento de personal de enfermería y TCAEs, la reducción de la jornada supondrá inevitablemente un incremento del número de pacientes asignados por turno, que se traducirá en un aumento de la presión asistencial, una mayor carga de trabajo en menos tiempo y seguridad sanitaria».

Finalmente, los trabajadores de los ayuntamientos han quedado excluidos de esta ley, por lo que deberán negociar en su ámbito respectivo el recorte horario. En la actualidad casi la mitad de los consistorios no tiene aplicada esta medida. En el caso de las comunidades autónomas, seis de las 17 aún no ha legislado para implantarlo, aunque la mayoría ya ha anunciado que lo hará.

El Ministerio de Función Pública que dirige Óscar López no ha querido hacer comentarios.

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  El campo estalla en el "súper jueves",.

El presidente rotatorio de Mercosur asegura que no forman parte del acuerdo Mercosur-UE por lo que advierte que "no serán aplicables". Los agricultores europeos redoblarán sus protestas,.

Un trastor  

El preacuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que debe ser rubricado el próximo 17 de enero, empieza a tener grietas antes incluso de firmarse. El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, que ostenta la presidencia rotatoria del bloque sudamericano, ha tirado por tierra las medidas de salvaguardia en favor de los agricultores europeos aprobadas por la Comisión Europea porque «no forman parte del histórico acuerdo de libre comercio suscrito en Montevideo en diciembre del año pasado. Por tanto, estas cláusulas no deben incluirse».

 

El pasado viernes, la UE dio luz verde a la firma del pacto, que lleva 27 años negociándose y que creará la mayor zona de libre comercio del mundo. Las negociaciones en el interior del bloque europeo incluyeron, para acabar de convencer a los países reacios, cláusulas de salvaguarda en favor de los agricultores europeos, que permitirían a la UE reaccionar rápidamente ante perturbaciones del mercado causadas por un aumento de las importaciones agrícolas procedentes del Mercosur. Estas se aplicarían, en el caso de productos sensibles, cuando haya precios al menos un 5% inferiores de los artículos importados frente a los europeos comparables o bien aumentos del 5% en los volúmenes de importación preferenciales sobre una media de tres años.

 

Pero Ramírez ya ha advertido de que si estas cláusulas se aplican, el documento que firmarán las partes debe renegociarse, aunque «tenemos herramientas para la solución de diferencias». De igual forma, afirmó que Paraguay «tiene un trato especial y diferenciado» con la UE, por cuanto las medidas de salvaguardia «no serán aplicables a nuestro país», algo que niegan las fuentes comunitarias consultadas por LA RAZÓN.

 

Esta amenaza supone un nuevo obstáculo para que finalmente se rubrique el acuerdo, ya que debe ser el Parlamento Europeo durante el presente año el que debe ratificarlo definitivamente, por lo que el visto bueno de los países de la Unión Europea no supone aún el último paso para cerrar el histórico pacto.

El acuerdo se considera «mixto» y se divide en dos partes, una comercial y un acuerdo de asociación, que siguen caminos paralelos: ambas tendrán que recibir el visto bueno de la Eurocámara antes de su conclusión formal y el acuerdo de asociación requiere, además, el consentimiento de todos los parlamentos nacionales de la UE. Por ello, la ratificación en el Parlamento Europeo se prevé compleja y aún está lejana, por cuanto varios países se han negado a secundar el acuerdo. La gran división en el hemiciclo comunitario provocará que cada voto de los eurodiputados pesará tanto o más que las líneas ideológicas. Con la práctica totalidad de los eurodiputados franceses en contra sin importar su familia política, a los que se unen polacos, austriacos, irlandeses y belgas, además de la ultraderecha de los Patriotas por Europa –que planea incluso una moción de censura contra Von der Leyen por el acuerdo–, pero también de los Verdes o de la Izquierda por las preocupaciones ambientales y la competencia desleal que hacen que el acuerdo siga pendiendo de un hilo.

Todo estos grupos apoyan las protestas y movilizaciones que los agricultores han extendido por la mayoría de países. Sobre todo en Francia, Bélgica, Grecia, Italia y España, exigiendo igualdad de condiciones y de competencia con los países de Mercosur por la sobrerregulación que sufren en el espacio comunitario y que no tienen en esos terceros países. Así, entre los puntos débiles del mercado comunitario agroalimentario respecto al de Mercosur, destacan los menores costes que soportan los productores suramericanos al estar sometidos a menores requisitos y estándares de producción que en la UE. Eso provoca que los productores europeos partan de una posición más débil de cara al consumidor, al tener que poner en el mercado alimentos más caros que los provenientes de Uruguay, Paraguay, Argentina o Brasil, sometidos a esos menores costes y regulación a la hora de producir. De ahí que una de las peticiones fundamentales que han reclamado reiteradamente desde el campo europeo sea la imposición de «cláusulas espejo» y medidas de salvaguarda para producir en las mismas condiciones.

De esa debilidad manifiesta deriva una de las principales amenazas, como es la presión sobre los precios internos de los alimentos. Si en los lineales de los supermercados comunitarios hay una mayor oferta de productos que llegan desde el Mercosur a precios más competitivos, lo normal es que arrastren a la baja a los alimentos producidos y vendidos en la UE o que, incluso, desaparezcan al no poder competir en precio. Los agricultores comunitarios sufrirían lo que se conoce como «efecto sándwich», al quedar en medio de dos pesadas planchas: primero, por los elevados costes de producción y, segundo, por una competencia desleal que les obligaría tener que vender a precios más bajos en origen, incluso por debajo de costes, con lo que perderían su rentabilidad.

Esta amenaza podría, en parte, verse salvada si la UE convence a Mercosur de activar mecanismos de compensación económica para los productores comunitarios, pero el entorno actual es poco favorable ante la previsión de reducción de fondos para la Política Agrícola Común (PAC).

Los agricultores, aunque no se fían de las intenciones comunitarias, ven en la aplicación de las citadas «cláusulas espejo» y de salvaguarda una solución intermedia, para intentar minimizar el impacto de estas amenazas y debilidades.

Pero, de momento, la UE sigue adelante con su plan y tiene previsto firmar el 17 de enero su acuerdo comercial con el Mercosur, un paso decisivo que permitirá a ambas partes diversificar alianzas frente a la deriva proteccionista de Estados Unidos. Los Veintisiete lograron una mayoría cualificada para validar el acuerdo, un entendimiento que permitirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajar la próxima semana a Asunción para proceder a la rúbrica oficial junto a los mandatarios de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

El acuerdo se alcanzó pese al voto en contra de Francia –principal opositor al pacto–, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría, y con la abstención de Bélgica y el apoyo sorpresivo de Italia, que cambió de parecer tras bloquear el pacto a finales del mes pasado junto a los otros estados miembros detractores. Para alcanzar esta mayoría cualificada fue necesario negociar las citadas salvaguardas adicionales para los agricultores europeos –ahora puestas en duda por Ramírez–, que no han evitado las protestas de estos días en contra del pacto, pero sí el cambio de parecer de Roma para que levantase su veto, aunque no han sido suficientes para que París también se sumara.

El nuevo espacio comercial integraría a cerca de 800 millones de consumidores y representaría un PIB conjunto de aproximadamente 22 billones de dólares, y permitiría eliminar aranceles para el 91% de las exportaciones de la UE hacia el Mercosur y para el 92% de las ventas sudamericanas hacia Europa, lo que se traduce en un ahorro anual estimado de 4.000 millones de euros para las empresas europeas. Para la UE, el tratado abre las puertas de un mercado históricamente protegido para sus sectores industriales más competitivos, entre los que destaca la automoción y la maquinaria industrial, donde los actuales aranceles de entre el 35% y el 14% desaparecerán progresivamente. Otros sectores que se beneficiarán especialmente serán el químico y el farmacéutico, que exportan por valor de miles de millones de euros cada año, o productos agroalimentarios protegidos por denominaciones de origen como los vinos y los quesos.

Sin embargo, los agricultores y ganaderos comunitarios no opinan lo mismo, y denuncian la competencia desleal que provoca la sobrerregulación que sufren en el espacio espacio y que no tienen los estados que integran Mercosur. Por ello, agricultores europeos mantienen las movilizaciones desde el pasado jueves en varios países de la UE para protestar contra el acuerdo y han multiplicado los bloqueos en carreteras, con intención de que así siga, como mínimo, hasta este domingo. También en España, cuyos agricultores rechazan la postura del Gobierno de Pedro Sánchez, principal impulsor del acuerdo y al que acusan de querer "dar la puntilla a un campo al que desprecia y no escucha".

 

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El Show de Bertín recibe -  Diego Ventura - El torero ,.

 En una entrevista cercana y sincera, Ventura repasará junto a Bertín los momentos clave de su carrera, desde sus inicios junto a los hermanos Peralta hasta su consolidación como referente indiscutible del rejoneo.

 

 Diego Ventura,.

Este viernes “El Show de Bertín” se viste de gala para recibir a una de las grandes figuras del rejoneo: Diego Ventura. El torero de origen portugués visita por primera vez el programa en una entrega cargada de emoción, risas y confidencias que no dejarán indiferente a nadie. Además, hablará del papel fundamental de su padre en su trayectoria y se abrirá sobre su vida personal, abordando su matrimonio y su faceta como padre.

 

El invitado también mostrará su lado más desenfadado en un divertido “Tercer Grado”, donde revivirá algunos de los episodios más impactantes y curiosos de su vida: desde el secuestro que sufrió en Colombia hasta el insólito momento en el que tuvo que enfrentarse a dos toros a la vez en la plaza. 

 

La noche estará marcada además por la celebración del Día de la Familia, con una mesa de colaboradores en la que Bertín y el equipo compartirán recuerdos, anécdotas y reflexiones 

 

sobre esos vínculos que van más allá de la sangre, la familia que se elige. El humor y la diversión llegarán de la mano de 'El Sevilla´ y Esther Arroyo, que pondrán a prueba el olfato de Bertín y Diego Ventura en la original “Cata de aromas del campo”.

 

Como broche final, Laura Gallego conducirá el concurso musical “Coplera o embustera”, en el que colaboradores e invitado deberán adivinar si las participantes son auténticas artistas… o si, por el contrario, están mintiendo.