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NEGOCIOS & ECONOMIA - El Banco de España reclama más impuestos para avanzar en la transición ecológica,.
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El Banco de España reclama más impuestos para avanzar en la transición ecológica,.
Ademite que las rentas más bajas sufrirán el impacto de este cambio y pide medidas para compensarles,.
El Banco de España considera «imprescindible» incrementar la fiscalidad medioambiental en España para que la economía pueda avanzar eficientemente y con menores costes en el proceso de transición ecológica, y sostiene que un aumento de la recaudación tributaria en este ámbito podría destinarse a reducir otros impuestos y a compensar los costes de transición de las empresas y familias más vulnerables. Porque estos colectivos -reconocer la institución- son los más impactados por todo este proceso energético.
Esupervisor recalca que son las políticas públicas, especialmente en materia fiscal y en el ámbito de la regulación de la actividad económica, las que deben desempeñar «un papel protagonista» en la transición ecológica. Así lo indica en un capítulo sobre cambio climático contenido en su Informe Anual, el
El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha indicado que el principal instrumento que deben utilizar los gobiernos es la imposición medioambiental, un campo en el que España tiene «mucho recorrido», al encontrarse en el grupo de economías de la UE-27 en las con menor recaudación relativa de la fiscalidad medioambiental, con una brecha de casi un punto porcentual frente a la media durante las últimas dos décadas. En 2019, el diferencial negativo de España fue de 0,8 puntos, debido, en un 67%, a los menores impuestos sobre la energía y, en particular, sobre los hidrocarburos.
«La fiscalidad medioambiental es clave para la transición ecológica. Hay que avanzar en este terreno, hay que rediseñar y optimizar la fiscalidad medioambiental», ha insistido Gavilán, quien ha apuntado que el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria publicado el pasado mes de marzo es un punto de partida para valorar una posible revisión integral de la fiscalidad medioambiental en España.
Según Gavilán, una mayor recaudación medioambiental podría permitir reducir las distorsiones impositivas que generan otros impuestos en la economía. «Si al tiempo que aumentas la fiscalidad medioambiental, que te permite una mayor recaudación, reduces los impuestos al trabajo, que son muy distorsionadores, puedes llegar a tener un impacto positivo sobre la actividad», ha explicado el director general de Economía y Estadística.
Este mensaje de incrementar la recaudación fiscal por la vía 'verde' ya la lleva trabajando el Gobierno desde hace varios años, aunque aún no ha tomado medidas concretas y generalizadas al respecto. Una de esas medidas es el incremento del precio del diésel para equipararlo tributariamente con la gasolina. Ahora, el Impuesto de Hidrocarburos que se aplica al gasóil es hasta diez céntimos de euro inferior a la gasolina, aunque su precio en el mercado internacional ha elevado su coste en las últimas semanas.
Por otra parte, el informe de los expertos fiscales encargado por Hacienda abogaba por incrementar los impuestos al transporte entre los que se incluye la compra y tenencia de vehículos; a la aviación por el uso de combustibles contaminantes; una reconversión del impuesto de matriculación y circulación, y otras figuras similares. En cualquier caso, ante la actual situación de crisis por la guerra en Ucrania, Hacienda ya ha anticipado no va a poner en marcha estas medidas, que han quedado aparcadas.
La última iniciativa que sí ha salido adelante es el Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023.
Compensar a las rentas bajas
Por otro lado, el Banco de España ha advertido de que el impacto de los riesgos físicos y de transición, con el previsiblemente incremento en el precio de los bienes y servicios más contaminantes, será más acusado sobre los hogares con menor nivel de renta, aquellos cuyo cabeza de familia tiene entre 35 y 45 años, los que residen en zonas rurales, los que tienen un menor nivel educativo y los que presentan un mayor número de miembros.
En cuanto a las empresas, si aumentase el precio de los derechos de emisión de forma similar a los últimos años (de 25 euros a 100 euros por tonelada de CO2 entre 2019 y febrero de 2022), los sectores más afectados, tras los energéticos, serían otros productos minerales no metálicos, el transporte aéreo y el papel.
Si además a ello se añadiese una generalización de la cobertura del sistema, por detrás de los energéticos se verían más afectados el sector de transporte (marítimo, aéreo y terrestre) y el de agricultura, ganadería y pesca. Asimismo, las empresas de menor tamaño se verían más afectadas que las más grandes.
El Banco de España cree que sería conveniente que las políticas públicas articulasen mecanismos para compensar, con carácter temporal, a los hogares y empresas más vulnerables. «Por motivos de equidad, porque no tienen culpa y deberíamos ayudarles a que en el corto plazo esa transición sea más duradera, y por motivos de eficiencia, porque si los grupos más afectados por la transición ecológica no apoyan este proceso, no se va a llegar a producir o no lo va a hacer con la velocidad e intensidad necesaria para que sea eficiente», ha advertido Gavilán.
En este contexto, el Banco de España indica que parte del aumento de la recaudación derivada de una mayor fiscalidad medioambiental podría destinarse a desplegar medidas compensatorias que redujeran los costes de la transición ecológica para los hogares y empresas más vulnerables.
Además de desincentivar las actividades medioambientalmente más dañinas a través de la imposición medioambiental, el Banco de España ha resaltado que la política fiscal también debe desempeñar un papel fundamental en el impulso del cuantioso volumen de inversiones que son necesarias para facilitar la transición y ve «deseable» fomentar también la inversión privada en tecnologías verdes mediante subvenciones.
El supervisor también propone intervenciones de las autoridades públicas en el ámbito de la regulación para impulsar la transición ecológica, como las iniciativas que establecen objetivos de calidad del aire, las normas de rendimiento energético en la promoción y renovación de edificios, las normas que exigen ciertos estándares en la fabricación de automóviles y los objetivos de penetración de fuentes de energía renovable en la generación de energía eléctrica.
En cualquier caso, en este contexto de un proceso de transformación estructural «extraordinariamente incierto», el Banco de España ve imprescindible que las políticas públicas proporcionen «certidumbre» a los distintos agentes económicos y favorezcan un marco operativo estable en el que estos puedan adoptar sus decisiones de consumo, inversión y producción con las máximas garantías.
TITULO : REVISTA PANTALLA SEMANAL CON - El Gobierno promete aprobar este año una ley de secretos oficiales,.
El Gobierno promete aprobar este año una ley de secretos oficiales,.
PP y PSOE han bloqueado en el Congreso desde 2016 la reforma que impulsa el PNV de la legislación franquista que data de 1968,.
El Gobierno aprobará este año el proyecto de ley de secretos oficiales para que vea la luz esta legislatura. El ministro de la Presidencia adquirió este miércoles el compromiso con el portavoz del PNV en la Comisión Constitucional del Congreso.
La reforma de la ley de secretos oficiales es uno de esas iniciativas legislativas 'guadianas' que aparece y desaparece del calendario parlamentario. Su promotor es el PNV, que en 2016 presentó una proposición no de ley, que, una vez admitida a trámite, fue bloqueada por los Gobiernos del PP y del PSOE con sucesivas ampliaciones del periodo de enmiendas hasta que llegaba la disolución de las Cortes porque se convocaban elecciones generales y la proposición decaía.
El último episodio data de abril de 2021, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez bloqueó el texto para elaborar su propio proyecto de ley. Hasta designó una comisión interministerial con los departamentos de Presidencia, Defensa, Interior y Exteriores para elaborar un texto. Pero nunca más se supo.
Félix Bolaños, sin embargo, respondió este miércoles al emplazamiento del diputado del PNV Mikel Legarda y garantizó que es «voluntad» del Gobierno que el Consejo de Ministros apruebe este año un proyecto para remitirlo al Congreso y que en esta misma legislatura sea una realidad.
El Gobierno confía en el PP para salvar este jueves la ley de seguridad nacional ante la negativa de sus socios parlamentarios
La de secretos oficiales es una de las pocas leyes franquistas en vigor, data de 1968 y lleva la firma del almirante Luis Carrero Blanco. Sufrió un ligero retoque en 1978, antes de la aprobación de la Constitución, pero en esencia mantiene la redacción original. La norma en vigor no prevé, entre otros particularidades, un plazo para la desclasificación de los documentos declarados secretos.
La proposición del PNV plantea que a los diez o 25 años, en función de su grado de reserva, se hagan públicos los informes clasificados. El Gobierno no es partidario de plazos rígidos y su idea es fijar un calendario de acuerdo al nivel de secreto.
Consejo de Estado
La de secretos oficiales no es la única norma relativa a la seguridad que el Gobierno pretende sacar adelante. Este jueves se votará la reforma de la ley de seguridad nacional, y los socialistas cuentan con que los populares les ayuden a salvarla.
El Ejecutivo sabe ya que no va a poder contar con el apoyo de sus socios habituales para sacar adelante una iniciativa pensada, en principio, para crear una reserva de bienes estratégicos que garantice su dispensación a los ciudadanos en caso de tesituras extremas, como pandemias o conflictos bélicos, pero en la que los nacionalistas ven una amenaza. Este jueves se celebra el debate de totalidad. ERC ha presentado dos enmiendas de devolución y Junts una tercera. EH Bildu tiene intención de votarlas a favor. Y el PNV también.
Alberto Núñez Feijóo dejó claro este miércoles, en cambio, que su partido permitirá que la reforma inicie su andadura parlamentaria. Los populares son muy críticos con el texto, reprobado en su preceptivo informe por el Consejo de Estado. El órgano consultivo consideró abusivo que, como pretende el Gobierno, ante un estado de crisis se puedan imponer «prestaciones personales» sin indemnización a cualquier mayor de edad. Pero el PP se muestra dispuesto a negociar; un cambio respecto a la 'era Casado', ya que el expresidente del PP aseguró el pasado febrero que votaría en contra de la norma.
Con este escenario de partida -y con la crisis del espionaje aparentemente remitiendo pero aún viva- es difícil que el llamado bloque de investidura acabe pasando por el aro a lo largo de la tramitación parlamentaria. Ni siquiera está clara cuál será la postura final de Unidas Podemos que, no obstante, este jueves votará en contra de la retirada del texto.
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