TITULO:LA LOTERIA DEL VIERNES - ¿Dónde está Wally? - Decimo loteria -5 - Mayo Dia de la Madre - Empresa Economía - Yolanda Díaz lanza a la Inspección de Trabajo para frenar los despidos en periodo de prueba ,.
LA LOTERIA DEL VIERNES -¿Dónde está Wally? - Decimo loteria - 5 - Mayo Dia de la Madre- Empresa Economía - Yolanda Díaz lanza a la Inspección de Trabajo para frenar los despidos en periodo de prueba , fotos,.
Yolanda Díaz lanza a la Inspección de Trabajo para frenar los despidos en periodo de prueba,.
foto / Yolanda Díaz,.
Los despidos de trabajadores contrato fijo que se extingue en los primeros meses se dispara un 852% en los dos primeros años de reforma laboral,.
Ya suponen más del 72% de todas las extinciones de contratos durante este plazo preliminar de la relación laboral, siete veces más que hace dos años,.
El Gobierno detecta ceses pese a haber superado el periodo máximo de la prueba y encadenamientos de contratos fijos para una misma labor,.
Tras la advertencia emitida esta semana por el Banco de España sobre la tendencia observada en los últimos años de los despidos de trabajadores durante el periodo de prueba y tras constatarse un aumento desproporcionado de las extinciones de contratos por esta causa, especialmente de carácter indefinido, el Gobierno ha anunciado que activará a la Inspección de Trabajo para tratar de frenar esta práctica cada vez más extendida entre las empresas
Ahora, con la penalización y menor facilidad para suscribir estas relaciones laborales de tiempo determinado, pero ante las mismas necesidades productivas por parte de las empresas, se están observando episodios contrarios al espíritu de la normativa como es el incremento exponencial de los despidos durante el periodo de prueba en contratos indefinidos.
Ante esta circunstancia flagrante, el gabinete de la vicepresidenta y ministra del ramo, Yolanda Díaz, ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de la Inspección de Trabajo para aplacar el fraude en estos despidos durante los primeros seis meses de relación laboral, focalizándose en los causados a partir de contratos fijos. Señalan el Gobierno que se han detectado al menos dos tipos de fraude contra el que se van a dirigir la Inspección: la extinción de contratos por no haber superado el periodo de prueba a pesar de haberse excedido su duración máxima y los despidos de trabajadores que no superan este periodo de prueba pese a haber sido contratadas previamente para realizar las mismas funciones.
«Es inadmisible que este periodo de prueba se use para defraudar el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a la estabilidad», apunta Yolanda Díaz calificando el periodo de prueba como un valor imprescindible en las relaciones laborales, que está ideado «únicamente» para comprobar las aptitudes de la persona trabajadora y su encaje en la empresa.
El embudo de la reforma laboral
Sin embargo, a ojos del Banco de España, más que un fraude de ley lo que están haciendo las empresas es buscar subterfugios dentro del reglamento de contrataciones que se reguló con la reforma laboral para seguir manteniendo sus ritmos de actividad, sobre todo en aquellos sectores con un elevado marchamo de estacionalidad.
Así, señalan desde el supervisor que este incremento se debe a que las empresas, empujadas a firmar contratos de carácter indefinido en cualquiera de sus versiones (tiempo completo, tiempo parcial y fijo discontinuo) por las restricciones al contrato temporal clásico, han observado como esta práctica del despido en periodo de prueba brinda al empleador la posibilidad de un ajuste flexible de la plantilla tras contar con el trabajador un tiempo máximo de seis meses con el que cubrir el pico de actividad (como pueden ser los tres meses de verano).
«El periodo de aprendizaje que antes se podía resolver con un contrato temporal ahora se está deslizando a los periodos de prueba de los contratos de carácter indefinido», señalan desde el Banco de España acerca de este fenómeno que además es la causa principal de un incremento constatado de la rotación entre los ocupados con contrato indefinido tras la reforma.
Así, de los empleos creados en marzo de 2022, sólo un 16,1% seguían vivos un año después, tal y como señala el supervisor en su reciente análisis sobre el estado del merado laboral español a cierre del pasado año. Este porcentaje es superior al observado en los contratos firmados en los meses de marzo de 2017 y de 2018 (un 11% en promedio) y es también mayor que la tasa de supervivencia de los firmados en marzo de 2021 (un 14,9%).
Pero esta mejora en la supervivencia del conjunto de las relaciones laborales se produce a pesar de que la supervivencia de los contratos indefinidos -sin incluir los contratos fijos discontinuos- se ha deteriorado tras la reforma laboral. El 48% de los contratos suscritos en marzo de 2022 de tipo indefinido permanecían vigentes un año después, mientras que este porcentaje era del 52,5% en el promedio de los contratos indefinidos firmados en los meses de marzo de 2017 y de 2018, señala el Banco de España.
Se disparan los ceses tras la reforma
Lo cierto y verdad es que las cifras de registros de ceses contractuales de la Seguridad Social revelan cómo la figura del despido por la no superación del periodo de pruebas se ha convertido en una herramientas más para empleadores y áreas de recursos humanos para compensar las necesidades de las plantillas en momentos puntales de mayor o menor actividad.
Según las cifras oficiales, los despidos totales de trabajadores que no superan el periodo de prueba en sus empresas se han incrementado un 76% en los dos primeros años de reforma laboral, pasando de registrarse un total de 26.937 extinciones de contratos por esta vía en el conjunto de 2021 hasta los 47.432 ceses del pasado 2023, lo que supone casi haberse duplicado la cifra en este periodo.
Sin embargo, las alarmas saltan al observar la distribución en función de la procedencia del contrato. Así, los despidos de trabajadores con contrato indefinido durante el periodo de prueba han pasado de sumar un total de 3.588 en todo 2021 a contabilizarse 34.173 en el pasado ejercicio, lo que supone un 852% más en sólo dos años.
Esta causalidad de la normativa introducida, no en vano, se observar en que esta práctica no ha tenido un reflejo similar en los contratos temporales. De hecho, los despidos en periodo de prueba de trabajadores fijos han pasado de suponer un 13,3% de todas las extinciones en los primeros meses de relación laboral en 2021 a copar a cierre de 2023 el 72% de todos los ceses de este tipo.
TITULO: POLICIAS EN LA CALLE - El juez ordena procesar a cuatro exdirigentes de ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco,.
El juez ordena procesar a cuatro exdirigentes de ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco,.
Se trata de Kantauri, Mikel Antza, Anboto e Iñaki de Rentería,.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acordó ayer procesar a cuatro exjefes de ETA por el secuestro y asesinato en 1997 del concejal del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, un crimen por el que ya fueron sentenciados los autores materiales -Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, y su pareja Irantzu Gallastegi, ‘Amaia’- y del que ahora responderán quienes ostentaban la dirección de la banda terrorista porque teniendo el dominio y el control de la situación, no hicieron nada por evitarla.
En un auto notificado ayer, el magistrado ponía fin a la instrucción que reabrió en 2022 tras una querella de Dignidad y Justicia que buscaba depurar responsabilidades en la más alta jerarquía de una organización que como han ido apuntalando los informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, siempre funcionó de forma piramidal: Un comité daba las órdenes y un puñado de subalternos, «fungibles» en palabras del juez por lo reemplazables, las cumplía sin más explicación «porque sabían que detrás estaba la dirección».
Ahí sitúa el magistrado en las fechas de aquel secuestro que fue un intento de chantaje en toda regla al Estado a José Javier Arizcuren Ruiz, alias ‘Kantauri’, Miguel Albisu Iriarte, ‘Mikel Antza’, María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, e Ignacio de Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’.
Todos han sido procesados por secuestro y asesinato terrorista con alevosía y todos, en el mismo nivel de responsabilidad criminal porque el instructor considera que aquello no fue iniciativa de «un miembro concreto o aislado del comité ejecutivo de ETA, sino que requirió del consenso y la toma de una decisión, adoptada de forma colegiada, por todos los integrantes de la ‘dirección’». «El alcance, la repercusión y las consecuencias de una acción terrorista como la cometida contra Blanco así lo requería», dice la resolución.
En este sentido, el magistrado considera además «improbable que una acción terrorista como la llevada a cabo contra el concejal del Partido Popular en 1997, su secuestro y su posterior asesinato, fuese realizada por un comando de ETA sin que mediase una decisión y una planificación previa, así como unas órdenes concretas y específicas, emanadas de la principal estructura directiva de ETA».
No hace falta, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo que cita, que conste prueba de esa orden directa, si bien es cierto que la condena firme a Txapote y Amaia ya recoge que obraron siguiendo «directrices» de la cúpula de la banda terrorista. Basta, en todo caso, con acreditar que ellos estaban en esa posición de poder sobre la banda terrorista que les garantizaba el dominio del hecho.
Suficiente capacidad de mando
Y a esa conclusión ha llegado la investigación, de la que se desprende que teniendo «suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización tanto como para haber podido tomar la decisión de que no se secuestrase a la víctima, como para evitar el desenlace último del secuestro al haber podido dar al comando Donosti de ETA la orden expresa y concreta de poner en libertad a Miguel Ángel Blanco, no lo hicieron». En definitiva, «no realizaron ningún acto para que finalizara el secuestro» y tampoco hicieron nada por evitar su asesinato, «evidenciando una voluntad inequívoca en la producción del resultado».
A los cuatro procesados les sitúa como herederos de la cúpula de ETA que cayó en una operación policial en Bidart, en Francia, en 1992, la misma que conforme explica la resolución, pactó una nueva estrategia terrorista denominada de «desestabilización» y que «incluía el señalamiento de cargos políticos del Partido Popular y del PSOE como objetivos», así como la comisión de otras acciones de «gran poder desestabilizador», como el secuestro del funcionario de prisiones José Ortega Lara, que se prolongó 532 días.
"Los hombres de atrás"
Los cuatro procesados estaban en esa dirección, a la luz de las conclusiones policiales. Iñaki de Rentería, con responsabilidades tanto en el aparato militar como en el logístico hasta su detención en el año 2000. Antza llegó a ejercer «la máxima dirección del aparato político» y ahí estuvo hasta su caída en 2004. Anboto, que era su pareja, fue detenida con él, había estado llevando la dirección de los comandos legales así como de las finanzas de la banda terrorista. El último de los procesados, Kantauri, se ocupaba de los liberados, con responsabilidad así en el aparato militar de ETA, entre 1994 y 1999, según recoge el juez.
«Concurren, por lo tanto, todos los requisitos de la autoría mediata por dominio de la organización, a saber, la existencia de una jerarquía con férrea disciplina dentro de una organización, en la que un órgano de dirección como autor mediato, ejerce un poder de mando sobre unos autores inmediatos», dice el auto, que recupera la doctrina del Tribunal Supremo expresada en el auto en que asumió la investigación de Tsunami Democràtic relativa a Carles Puigdemont. Aquella resolución hablaba de los «hombres de atrás», los que «ordenan delitos con mando autónomo» y que así, pueden evitarlos.
TITULO:
EL DIVAN DE OLGA VIZA - Fútbol - El CSD pospone de nuevo la decisión sobre Pedro Rocha,.
Fútbol - El CSD pospone de nuevo la decisión sobre Pedro Rocha,.
foto / Pedro Rocha,.
La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes ha vuelto a posponer la votación en la que debía decidir si suspendían o no al extremeño como presidente de la RFEF.
Pedro Rocha sigue en pie, por ahora. La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes ha vuelto a posponer la votación en la que debía decidir si suspendían o no al extremeño como presidente de la Federación Española de Fútbol. Esta decisión viene motivada porque el Tribunal Administrativo del Deporte, que estudia inhabilitar a Rocha por seis infracciones muy graves, ha pedido a la Federación 40 documentos que consideran de gran valor y claves para tomar una decisión. Por ende, el CSD tampoco quiere tomar una decisión ya que consideran que esa nueva documentación también les puede servir para su votar si le suspenden o no.
El fútbol español seguirá expectante una semana más. El Gobierno, que lleva dos intentos para someter a votación si suspenden o no a Pedro Rocha, vuelve a aplazar la cumbre que decidirá su futuro y el de la Federación Española de Fútbol. La primera vez no se llevó a cabo porque consideraban necesario que Rocha fuera proclamado presidente de la RFEF (sucedió el pasado viernes) para que fuera factible suspenderle; este martes, en un segundo intento, tampoco se ha votado porque el TAD les ha pedido 40 documentos adicionales a la RFEF y los miembros de la Comisión Directiva han preferido esperar a contar también con esos informes para tomar una decisión. Por una cosa u otra, la cumbre que decide el futuro de Rocha se sigue retrasando, y esta última se da justo a las pocas horas de que el Gobierno haya tenido un cruce de mensajes muy duros con FIFA y UEFA. Existiendo sobre la mesa una velada amenaza de que el fútbol español sea expulsado de las competiciones europeas.
La información que ha requerido el Tribunal Administrativo del Deporte a la Federación son 40 documentos que engloban a diferentes actas de las reuniones mantenidas por la Comisión Gestora durante los nueve meses de itinerancia en la que se ha encontrado la RFEF, contratos y otros informes que consideran de gran valor. Existe expectación sobre el TAD, una vez tenga en su poder toda esta información, pueda acelerar un proceso que en un inicio se esperaba que durase cerca de dos o tres meses. Es más, uno de los temores que tenía el Gobierno respecto a la figura de Rocha es que este fuera inhabilitado por el TAD durante la Eurocopa y la imagen del fútbol español quedase todavía más dañada.
Posibles consecuencias
Este retraso de la votación se da tras el cruce de cartas entre el Gobierno y el frente FIFA-UEFA. Estas dos últimas instituciones pidieron explicaciones al CSD sobre la creación de una Comisión que, según afirman fuentes gubernamentales, estará por encima de la Federación y la tutelará. Algo de lo que FIFA y UEFA recelan al poder considerarlo una posible injerencia política y los que les ha llevado a realizar a una velada amenaza al fútbol español: si sucede, la Selección podría ser expulsada de la Eurocopa, los clubes quedar fuera de competiciones europeas y que España se quede sin organizar el Mundial 2030. Aunque el Gobierno, a dicho mensaje, respondió también con dureza: “Lo irresponsable sería quedarse de brazos cruzados, no hacer nada, mientras sigue creciendo el daño a la reputación de España”. A lo que añadió Uribes, secretario de Estado para el Deporte: “España es un Estado de Derecho, en el que todos estamos sometidos al imperio de la Ley. [...] Pueden estar tranquilos: todo lo que se haga a través de esta Comisión estará dentro de la ley, eso sí, de toda la ley”.
Por ahora, no se sabe qué sucederá con el futuro de Pedro Rocha. Si será suspendido o no como presidente de la Federación. Pero el Gobierno continúa con su hoja de ruta respecto a la Comisión creada para tutelar a la Federación hasta un nuevo proceso electoral. Pilar Alegría, ministra de Deportes, ha anunciado este martes que será Vicente del Bosque el encargado de presidir dicho órgano, el cual contará con abogados y economistas de reputado prestigio para guiar a la RFEF. Queda por ver cómo casará con Pedro Rocha (que por ahora sigue al frente) y las reticencias de FIFA y UEFA. Hay culebrón para rato,.
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