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Garantia, ¿ de que ?,.
La nueva garantía de tres años amenaza con subir el precio de los coches,.
Su entrada en vigor coincide con el alza del impuesto de matriculación, que ya incrementará el precio de los coches nuevos entre 800 y 1.000 euros de media,.
Desde el 1 de enero la garantía de los vehículos nuevos, como la de otros bienes de consumo, se incrementará de dos a tres años, en virtud del Real Decreto-ley 7/2021. La medida también afecta a los vehículos de segunda mano: el comprador y el vendedor pueden acordar un periodo de garantía menor de tres años en lugar de los dos actuales, pero no inferior a un año.
Desde el sector avisan que la medida puede repercutir en un incremento de los precios. «Lo acaba pagando el consumidor», advierte Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, que cree que la medida «acabará engrosando los precios». El secretario general de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), ya avisó hace unos días en ABC que se va a encarecer una amplia gama de productos, entre los que se incluyen los electrodomésticos, los coches o los juguetes.
«Es difícil estimar el impacto en el conjunto de la industria» explica José María Terol, presidente y consejero delegado de Mazda España. «Pero la industria sabe como manejarlo. En nuestro caso el 70% de los compradores eligen la garantía extendida de cinco años», explica. El directivo también recuerda que en algunos países escandinavos hay hasta 5 años de garantía.
Cabe recordar que la nueva garantía de tres años coincide con el incremento efectivo del impuesto de matriculación. El fin de la prórroga introducida en julio en la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal encarecerá desde el 1 de enero el precio de los coches nuevos entre 800 y 1.000 euros de media, por la adopción de unas nuevas pruebas de emisiones más exigentes.
También en la segunda mano
Otro cambio importante es que si durante los dos años siguientes a la compra (en lugar de los seis meses actuales), el coche presentara algún defecto o sus características no se correspondieran a las anunciadas, se entenderá que ese defecto es de fábrica salvo que el vendedor demuestre lo contrario. Para los productos de segunda mano, si la garantía pactada fuera de 3 años, el plazo de inversión de la carga de la prueba sería de 2 años.
Desde el RACE, por su parte, apuntan otra novedad: los fabricantes deberán poder reparar el vehículo durante 10 años desde que el producto deja de fabricarse (ahora la obligación de los fabricantes es la de tener piezas para repararlos durante 5 años).
TITULO: LOS 50€ BILLETES - BILLETE 1.000 PESETAS - LOS ARBOLES PERDIDOS - Las constructoras alertan: las subidas de precios pueden «romper el mercado» ,.
LOS 50€ BILLETES - BILLETE 1.000 PESETAS - LOS ARBOLES PERDIDOS - Las constructoras alertan: las subidas de precios pueden «romper el mercado»,. , fotos,.
Las constructoras alertan: las subidas de precios pueden «romper el mercado»,.
El encarecimiento de la energía trasladado a sus insumos y el problema de suministros obligaría a aplazar licitaciones para que no queden desiertas,.
El sector de la construcción no es el único que padece los rigores de la tormenta perfecta que viene sufriendo la economía desde 2020: pandemia, crisis de materias primas y transporte, encarecimiento de la energía y finalmente una guerra en Ucrania que ha agravado aún más la situación. Pero, sin duda, el elemento que más les preocupa desde hace semanas es la inflación galopante, que cerró marzo con un alza del 9,8% –la mayor desde 1985– empujada por una subida del 107,8% en la electricidad y casi del 40% en los carburantes.
Ello se ha traducido en un fuerte aumento «sin precedentes» –según Seopan, patronal de las grandes constructoras– del precio de los materiales básicos que precisan para su actividad. El sector sitúa el inicio de este movimiento alcista en 2020 y calcula que desde enero de ese año hasta marzo de 2022 la electricidad se ha encarecido un 1.224%, el gas otro 1.163% y el petróleo un 84%. Ello ha causado que en ese mismo período el precio de la madera que compran para sus obras haya aumentado un 227%; el del aluminio, un 125%; un 93% el acero, y otro 77% el cobre.
Solo en el primer trimestre el acero corrugado ya ha igualado la subida que sufrió el ejercicio pasado (21%), mientras que el cobre y la madera duplican el crecimiento mensual medio de sus precios en 2021. Peor aún es el panorama con el aluminio, cuyos incrementos mensuales están siendo más de cinco veces superiores a los del año pasado.
Esta evolución alcista de horizonte incierto ha distorsionado en parte la estructura de costes de las empresas de la construcción y amenaza con ahondar en ello. Los consumos intermedios (incluida la energía) suponen dos tercios de sus gastos y solo la factura en materiales representa entre el 33% y el 40% del total; esto es, al menos 41.560 millones de euros anuales y hasta casi 50.000.
Por esa energía mucho más cara, la industria siderúrgica, cementera y de hormigón ha ralentizado e incluso paralizado en algunos ámbitos su producción. El resultado ha sido «una ruptura del mercado nacional» –alertan desde Seopan– que, «según los casos», ha provocado incrementos de precios de doble dígito semanales o directamente «la imposibilidad de garantizar un suministro en plazo ante la incertidumbre del coste productivo». Y de no resolverse, «anticipa un período de desabastecimiento», un riesgo agravado con la reciente huelga de transportistas y que todavía no se ha despejado del todo.
El sector de la construcción no es el único que padece los rigores de la tormenta perfecta que viene sufriendo la economía desde 2020: pandemia, crisis de materias primas y transporte, encarecimiento de la energía y finalmente una guerra en Ucrania que ha agravado aún más la situación. Pero, sin duda, el elemento que más les preocupa desde hace semanas es la inflación galopante, que cerró marzo con un alza del 9,8% –la mayor desde 1985– empujada por una subida del 107,8% en la electricidad y casi del 40% en los carburantes.
Ello se ha traducido en un fuerte aumento «sin precedentes» –según Seopan, patronal de las grandes constructoras– del precio de los materiales básicos que precisan para su actividad. El sector sitúa el inicio de este movimiento alcista en 2020 y calcula que desde enero de ese año hasta marzo de 2022 la electricidad se ha encarecido un 1.224%, el gas otro 1.163% y el petróleo un 84%. Ello ha causado que en ese mismo período el precio de la madera que compran para sus obras haya aumentado un 227%; el del aluminio, un 125%; un 93% el acero, y otro 77% el cobre.
Solo en el primer trimestre el acero corrugado ya ha igualado la subida que sufrió el ejercicio pasado (21%), mientras que el cobre y la madera duplican el crecimiento mensual medio de sus precios en 2021. Peor aún es el panorama con el aluminio, cuyos incrementos mensuales están siendo más de cinco veces superiores a los del año pasado.
Esta evolución alcista de horizonte incierto ha distorsionado en parte la estructura de costes de las empresas de la construcción y amenaza con ahondar en ello. Los consumos intermedios (incluida la energía) suponen dos tercios de sus gastos y solo la factura en materiales representa entre el 33% y el 40% del total; esto es, al menos 41.560 millones de euros anuales y hasta casi 50.000.
Por esa energía mucho más cara, la industria siderúrgica, cementera y de hormigón ha ralentizado e incluso paralizado en algunos ámbitos su producción. El resultado ha sido «una ruptura del mercado nacional» –alertan desde Seopan– que, «según los casos», ha provocado incrementos de precios de doble dígito semanales o directamente «la imposibilidad de garantizar un suministro en plazo ante la incertidumbre del coste productivo». Y de no resolverse, «anticipa un período de desabastecimiento», un riesgo agravado con la reciente huelga de transportistas y que todavía no se ha despejado del todo.
Incremento «inasumible»
Por ello, tanto Seopan como la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) piden al Gobierno medidas «urgentes» ante ese incremento «inasumible» de costes. Entre ellas, una actualización del decreto aprobado en marzo que permite la revisión de hasta el 20% del presupuesto en las obras públicas si algunos materiales suben más de un 5%. Lo ven ya «insuficiente» porque en la práctica «excluye a casi todos los contratos firmados en 2021» y se deja fuera la energía, pese a que en muchos trabajos supone el 30% de los gastos o más.
Esa revisión de precios «quedó desfasada» en poco tiempo, dice Antoni Cunyat, profesor de Economía y Empresa en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). «La cadena de valor del proceso constructivo está en serio peligro», asevera Iván Zamarrón, ingeniero de caminos y profesor de la escuela de negocios EAE, quien apunta que los márgenes de negocio «ya venían tradicionalmente ajustados» y critica que las medidas tomadas «no dejan de ser un alarde de marketing político».
Seopan solicita que las licitaciones se aplacen «hasta que el mercado recupere la normalidad», al menos uno o dos meses. «Resulta extremadamente arriesgado presentar una oferta sin garantía del mantenimiento de los precios», avisa. De lo contrario –añade–, la Administración tendría que «contratar a los precios máximos de la coyuntura actual y sin seguridad sobre la viabilidad de la ejecución de los contratos».
Las grandes empresas «pueden echar mano de su músculo financiero, pero en las pymes podemos ver cierres de empresas si las condiciones se agravan», avisa Cunyat. La construcción –apunta– es, «en general, uno de los sectores más castigados cuando hay crisis». De noviembre a febrero se habían acumulado más de medio millar de licitaciones públicas que quedaron desiertas y cuyo valor superaba los 250 millones de euros, según la CNC. Y en el primer trimestre, al menos el 10% de las adjudicaciones acabaron igual, apunta la plataforma Gobierto.
«La paralización es alarmante y puede frenar la recuperación económica», advierte Pedro Fernández, presidente de la CNC. Las empresas medianas y pequeñas corren más riesgo de «no poder completar los proyectos, sufrir problemas de caja y empeorar su calidad crediticia», señala Rigel Scheller, directora de calificaciones en la agencia de rating Scope.
Esta patronal pide establecer un sistema automático de reequilibrio de precios para afrontar los sobrecostes –más de la mitad de las empresas ha tenido que paralizar o cancelar obras–, considerando las alteraciones posteriores a la presentación de ofertas tanto al alza como a la baja. Y, además, solicita actualizar las cifras de proyectos anteriores conforme a los valores de mercado.
Por ello, tanto Seopan como la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) piden al Gobierno medidas «urgentes» ante ese incremento «inasumible» de costes. Entre ellas, una actualización del decreto aprobado en marzo que permite la revisión de hasta el 20% del presupuesto en las obras públicas si algunos materiales suben más de un 5%. Lo ven ya «insuficiente» porque en la práctica «excluye a casi todos los contratos firmados en 2021» y se deja fuera la energía, pese a que en muchos trabajos supone el 30% de los gastos o más.
Esa revisión de precios «quedó desfasada» en poco tiempo, dice Antoni Cunyat, profesor de Economía y Empresa en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). «La cadena de valor del proceso constructivo está en serio peligro», asevera Iván Zamarrón, ingeniero de caminos y profesor de la escuela de negocios EAE, quien apunta que los márgenes de negocio «ya venían tradicionalmente ajustados» y critica que las medidas tomadas «no dejan de ser un alarde de marketing político».
Seopan solicita que las licitaciones se aplacen «hasta que el mercado recupere la normalidad», al menos uno o dos meses. «Resulta extremadamente arriesgado presentar una oferta sin garantía del mantenimiento de los precios», avisa. De lo contrario –añade–, la Administración tendría que «contratar a los precios máximos de la coyuntura actual y sin seguridad sobre la viabilidad de la ejecución de los contratos».
Las grandes empresas «pueden echar mano de su músculo financiero, pero en las pymes podemos ver cierres de empresas si las condiciones se agravan», avisa Cunyat. La construcción –apunta– es, «en general, uno de los sectores más castigados cuando hay crisis». De noviembre a febrero se habían acumulado más de medio millar de licitaciones públicas que quedaron desiertas y cuyo valor superaba los 250 millones de euros, según la CNC. Y en el primer trimestre, al menos el 10% de las adjudicaciones acabaron igual, apunta la plataforma Gobierto.
«La paralización es alarmante y puede frenar la recuperación económica», advierte Pedro Fernández, presidente de la CNC. Las empresas medianas y pequeñas corren más riesgo de «no poder completar los proyectos, sufrir problemas de caja y empeorar su calidad crediticia», señala Rigel Scheller, directora de calificaciones en la agencia de rating Scope.
Esta patronal pide establecer un sistema automático de reequilibrio de precios para afrontar los sobrecostes –más de la mitad de las empresas ha tenido que paralizar o cancelar obras–, considerando las alteraciones posteriores a la presentación de ofertas tanto al alza como a la baja. Y, además, solicita actualizar las cifras de proyectos anteriores conforme a los valores de mercado.
Las previsiones de crecimiento del sector para 2022 quedan en duda
Este 2022 debía ser de consolidación de la recuperación iniciada el curso pasado en la construcción tras un 2020 de fuerte crisis por la pandemia. Los datos parecían avalarlo: en 2021 su facturación en España alcanzó los 107.200 millones de euros, un 1,3% más que el ejercicio anterior, cuando su negocio sufrió un retroceso interanual del 13%, según la consultora DBK Informa.
Para el presente año, el consenso económico nacional apuntaba un crecimiento de la inversión en construcción del 7,5%, aunque los más optimistas lo duplicaban. Y la Comisión Europea lo situaba en el 7,6%. No obstante, Seopan, patronal de las grandes constructoras, rebaja esas expectativas y apunta un incremento de la actividad nacional del 3,9%. Pero, a la vez, no descarta un segundo escenario si hay desabastecimiento de materiales por no reactivarse la industria electrointensiva, que, de prolongarse un mes, «implicaría una contracción de la producción anual del -3,8%», con una reducción de actividad de 2.385 millones de euros a la semana.
La inyección multimillonaria de los fondos Next Generation de la UE puede paliar parte de esas dificultades, «pero no van a ser suficientes para cubrir todas las necesidades identificadas», afirma Ovidio Turrado, socio responsable de Infraestructuras de KPMG en España. Por eso ve necesario complementarlos con modelos de colaboración público-privada, pero la contratación de concesiones en obra civil es «prácticamente inexistente», según Seopan. Aunque la licitación pública sí se recuperó el año pasado. Sus 23.648 millones de euros mejoraron en un 68% el dato de 2020.
En este contexto, la internacionalización de las grandes constructoras españolas realza su valor. Las siete mayores compañías del sector (ACS, Acciona, Ferrovial, FCC, Sacyr, OHLA y San José) facturaron el año pasado 43.627 millones de euros en otros países respecto a una cifra de negocios global de 57.759 millones. De media, tres de cada cuatro euros que ingresaron vinieron del extranjero, aunque los porcentajes varían desde el 89% de ACS y el 86% de Ferrovial hasta el 41% de FCC y el 27% de San José.
Este 2022 debía ser de consolidación de la recuperación iniciada el curso pasado en la construcción tras un 2020 de fuerte crisis por la pandemia. Los datos parecían avalarlo: en 2021 su facturación en España alcanzó los 107.200 millones de euros, un 1,3% más que el ejercicio anterior, cuando su negocio sufrió un retroceso interanual del 13%, según la consultora DBK Informa.
Para el presente año, el consenso económico nacional apuntaba un crecimiento de la inversión en construcción del 7,5%, aunque los más optimistas lo duplicaban. Y la Comisión Europea lo situaba en el 7,6%. No obstante, Seopan, patronal de las grandes constructoras, rebaja esas expectativas y apunta un incremento de la actividad nacional del 3,9%. Pero, a la vez, no descarta un segundo escenario si hay desabastecimiento de materiales por no reactivarse la industria electrointensiva, que, de prolongarse un mes, «implicaría una contracción de la producción anual del -3,8%», con una reducción de actividad de 2.385 millones de euros a la semana.
La inyección multimillonaria de los fondos Next Generation de la UE puede paliar parte de esas dificultades, «pero no van a ser suficientes para cubrir todas las necesidades identificadas», afirma Ovidio Turrado, socio responsable de Infraestructuras de KPMG en España. Por eso ve necesario complementarlos con modelos de colaboración público-privada, pero la contratación de concesiones en obra civil es «prácticamente inexistente», según Seopan. Aunque la licitación pública sí se recuperó el año pasado. Sus 23.648 millones de euros mejoraron en un 68% el dato de 2020.
En este contexto, la internacionalización de las grandes constructoras españolas realza su valor. Las siete mayores compañías del sector (ACS, Acciona, Ferrovial, FCC, Sacyr, OHLA y San José) facturaron el año pasado 43.627 millones de euros en otros países respecto a una cifra de negocios global de 57.759 millones. De media, tres de cada cuatro euros que ingresaron vinieron del extranjero, aunque los porcentajes varían desde el 89% de ACS y el 86% de Ferrovial hasta el 41% de FCC y el 27% de San José.
TITULO: LOS LIMONES - EL BOMBON DE HELADO - PAPELES QUEMADOS - Chimenea -El nuevo Parlamento de Irak reelige a su presidente en medio de una sesión caótica ,. LOS LIMONES - EL BOMBON DE HELADO - PAPELES QUEMADOS - Chimenea - El nuevo Parlamento de Irak reelige a su presidente en medio de una sesión caótica ,. , fotos.
El nuevo Parlamento de Irak reelige a su presidente en medio de una sesión caótica,.
El bloque proiraní intenta dar la vuelta al resultado de las elecciones de octubre desbancando a los sadristas como primer grupo,.
El nuevo Parlamento de Irak ha reelegido este domingo a Mohamed al Halbusi como su presidente tras una agitada sesión, contestada por su rival. La convocatoria, en la que los diputados salidos de los comicios del pasado octubre han jurado sus cargos, es constitucionalmente el primer paso para la formación de un nuevo Gobierno. Sin embargo, las divisiones entre los partidos chiíes (que por peso demográfico suman la mayoría) han estallado cuando el bloque proiraní ha pretendido ser reconocido como el más numeroso sobre los sadristas que fueron los más votados en las elecciones.
Además de Al Halbusi, cuyo Partido del Progreso (Taqadum) logró 37 escaños en las legislativas, también aspiraba a presidir la Cámara Mahmud al Mashhadani, un islamista elegido en la lista de la Alianza del Deber (Al Azm) que obtuvo 14. A pesar de los 200 votos logrados por el hasta ahora titular (muy por encima del mínimo de 165 requeridos), su rival ha considerado ilegal el proceso.
Con 325 de los 329 diputados presentes, Al Mashhadani, de 73 años, se ha hecho cargo de la mesa de edad para organizar la elección del presidente y sus dos adjuntos. Un pacto no escrito establece que el primero sea un árabe suní y los vicepresidentes un kurdo y un árabe chií. Pero después de la jura de los representantes y antes de que se iniciara la votación de los candidatos, ha estallado un rifirrafe a la vez que se interrumpía la emisión de la cadena privada de televisión Al Sharqiya, la única que estaba retransmitiendo la reunión en directo.
El llamado Marco de Coordinación, un bloque formado por el Estado de la Ley del ex primer ministro Nuri al Maliki (33 escaños) y la proiraní Alianza de la Victoria (17), reclamaba ser inscrito como bloque mayoritario con 88 diputados. Al parecer, desde los comicios han logrado atraer a otros partidos y a independientes. Su pretensión choca, sin embargo, con una decisión del Tribunal Supremo que estableció que el bloque mayoritario debe registrarse antes de la jura de los diputados.
Las elecciones del pasado octubre dieron un varapalo a los grupos proiraníes, que han contestado el escrutinio en todas las instancias posibles. El Movimiento Sadrista, que lidera el clérigo chií Muqtada al Sadr, resultó el grupo más votado con 73 escaños (19 más que en los anteriores comicios), pero de nuevo insuficientes para formar un Gobierno en solitario. Desde entonces, y sobre todo a raíz de que el Supremo confirmara los resultados, sus rivales chiíes han intentado formar un bloque que les permita tomar la iniciativa política.
Ante la amenaza del Marco de Coordinación de abandonar el Hemiciclo (e impedir el quórum para las votaciones), Al Mashhadani ha aplazado la sesión para verificar que en efecto el grupo contaba con el respaldo que aducía. La medida ha desatado el enfado de los sadristas. En el tumulto que ha seguido, Al Mashhadani se ha desmayado y ha tenido que ser trasladado al cercano hospital Ibn Sina, donde varios dirigentes del Marco de Coordinación han acudido a interesarse por su estado. Las imágenes que han difundido le mostraban en una camilla, pero sonriente.
Su puesto ha sido asumido por Khalid al Darraji, el tercer diputado de mayor edad, después de que los sadristas rechazaran al segundo, Mohammad Enooz, representante por Nayaf. La asamblea se ha reanudado apenas 50 minutos después de la interrupción, pero con solo 228 diputados. En las imágenes que algunos de los presentes en la sala han colgado en las redes sociales, se aprecian numerosos escaños vacíos detrás de los ocupados por los sadristas, reconocibles por las mortajas blancas que llevan sobre los hombros.
Al parecer, el Marco de Coordinación se ha negado a reconocer los procedimientos de Al Darraji. Y Al Mashhadani ha secundado esa queja declarando ilegal la votación debido a su ausencia. No obstante, los diputados han seguido con la elección de los dos adjuntos.
Ahora, el Parlamento tiene 30 días para nombrar al nuevo presidente del país, un puesto de carácter honorífico reservado a la minoría kurda. El jefe del Estado cuenta con 15 días para encargar la formación de Gobierno al bloque mayoritario. A partir de ahí, el primer ministro designado, un chií, dispone de otros 30 días para presentar su Gabinete. Siempre que las protestas de los descontentos no bloqueen el procedimiento.
Para formar Gobierno, se requiere el respaldo de la mitad más uno de los 329 escaños de la Cámara. Ninguno de los cinco comicios legislativos celebrados desde que Estados Unidos derribó a Sadam Husein en 2003 ha dado la mayoría absoluta a un partido o bloque, lo que ha obligado a formar coaliciones.
Los chiíes no son los únicos que se encuentran divididos. En el campo suní, Taqadum y su rival, Al Azm, han sido incapaces de consensuar un candidato único a la presidencia del Parlamento, a pesar de haber acordado formar una coalición en la Cámara. Los dos principales grupos kurdos, el Partido Democrático de Kurdistán (PDK, 31 escaños) y la Alianza de Kurdistán (17 escaños), que encabeza la Unión Patriótica de Kurdistán (UPK), también discrepan sobre a quién encomendar la jefatura del Estado.
El espectáculo del Hemiciclo
Las diferencias entre los diputados electos se han hecho claramente evidentes en su atuendo. Los miembros del movimiento sadrista, el grupo más numeroso, acudieron al Parlamento envueltos en mortajas, un símbolo de martirio que sus precursores utilizaban en tiempos de Sadam Husein para señalar que no tenían miedo a la muerte. El color blanco les hacía especialmente visibles. En un gesto igualmente estudiado, todos portaban pequeñas banderas de Irak (roja, blanca y negra).
Por su parte, los integrantes de Nueva Generación, el partido kurdo formado poco antes de las generales de 2018, se presentaron ataviados con la ropa tradicional de Kurdistán. Los miembros de Emtidad, un movimiento de renovación política surgido de las protestas de 2019, hicieron honor a sus orígenes y llegaron a la sede legislativa en tuk-tuk. El modesto mototaxi de origen asiático (rickshaw) se hizo muy popular en la plaza de Tahrir, el centro de la contestación en Bagdad, donde servía de ambulancia, distribuía alimentos o ayudaba a desplazarse a los voluntarios en medio de la multitud.
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