TITULO: REVISTA FARMACIA - El Universitario de Cáceres cierra un primer año tormentoso,.
El Universitario de Cáceres cierra un primer año tormentoso,.
Rodeada de críticas, la apertura del centro hospitalario ha puesto a prueba la capacidad organizativa del sistema sanitario,.
Desde que se inició su actividad se han realizado un total de 87.585 consultas externas
A medida que crecían los servicios
también lo hacía el enfado de profesionales y pacientes, que durante
este año han llevado a cabo diferentes protestas. La estructura del
propio centro, la falta de médicos durante el periodo estival, el
traslado de servicios, la derivación de pacientes a Badajoz, las quejas
por la tardanza en implantar una UCI completa e incluso la ausencia de
una cafetería (todavía sigue en servicio una provisional en una carpa)
han sido solo algunas de las cuestiones espinosas que ha tenido que
enfrentar el nuevo hospital. La Consejería de Sanidad ha actualizado los datos sobre asistencia en el Universitario de Cáceres. Se han realizado un total de 87.585 consultas externas, 30.828 correspondientes a primera consulta y el resto a sucesivas. Se han llevado a cabo 5.974 intervenciones quirúrgicas y se han atendido 15.164 urgencias.
Esta semana la visión de pacientes consultados difería bastante sobre la de los profesionales del centro, ninguno de los cuales quiso aparecer con su nombre en este reportaje. Un facultativo de este centro se quejaba de «lo mal planificado» que en su opinión está el edificio. «Tiene cantidad de recovecos inútiles y muchos espacios vacíos, los quirófanos están muy mal diseñados». En su balance de este año este médico, traumatólogo, también apuntaba al hecho de que hubiera abierto «sin reanimación, aunque es un hospital quirúrgico». Y también se quejaba, ya con menor gravedad, de mala cobertura de Internet que hay en este centro hospitalario. «Ha sido difícil hacerse con la distribución del edificio» lamentaba otro facultativo.
Otras dos enfermeras que preferían que su testimonio fuera anónimo hacían una valoración de este año en un receso de su actividad. «Yo he sido de las primeras en llegar y he visto de todo, esto es medio hospital», aseguraba una de ellas, que reconocía que, en general, estaba «contenta». Otra era algo más crítica. «Esto se abrió con muchas prisas, pero ha costado muchísimo porque no funcionaba nada, los primeros lo hemos puesto en marcha y nadie nos ha dado las gracias».
«No hacemos nada si no conseguimos que el hospital esté unido en uno solo»
CARLOS ARJONA, COLEGIO DE MÉDICOS
«El nuevo entorno del hospital ha facilitado la labor del colectivo de enfermería»
RAQUEL RODRÍGUEZ, COLEGIO DE ENFERMERÍA
«A mi mujer le han operado de la pierna y no hemos tenido problemas»
Félix Marchena, USUARIO DEL HOSPITAL
Desde
el Colegio de Enfermería su presidenta, Raquel Rodríguez, valora de
forma muy positiva la apertura del Universitario. «Un hospital tan
moderno da garantías a la sociedad, pero también nos alegramos por el
colectivo de las enfermeras, ya que es un hospital específicamente
quirúrgico, de manera que el colectivo de enfermería es especialista en
quirúrgica y no está ligado a otras especialidades, el nuevo entorno ha
facilitado su labor». Rodríguez minimiza las dificultades que ha tenido
que enfrentar el colectivo. «Es cierto que cuando los servicios cambian
de sitio siempre se distorsiona el trabajo, pero si las condiciones
estructurales están acondicionadas y las enfermeras desarrollan su
trabajo, no tenemos nada que objetar, otra cosa son los turnos, las
condiciones laborales, nosotros desde el Colegio siempre hablamos de
cubrir las necesidades del paciente con excelente calidad», indica
Rodríguez. El Colegio de Médicos es especialmente tenaz con la idea de que el Hospital Universitario no estará completo hasta que no se termine su segunda fase. Su presidente, Carlos Arjona, es muy insistente en este asunto a la hora de hacer un balance de este año. «La segunda fase es imprescindible para tener el hospital funcionando». Señala como positivo que haya mejorado «la tecnología y el aparataje», pero, recalca, «no hacemos nada si no conseguimos que el hospital esté unido en uno solo». Para que funcione bien un hospital «tienen que estar los dos servicios interrelacionados, la interacción cada vez es más importante, los cirujanos tienen sus campos pero es necesario tener cerca otras consultas», explica este facultativo.
Mientras se van poniendo las bases para que pueda continuarse con el proceso que complete el hospital la vida sigue en el Universitario. Entre los pacientes y visitantes hay opiniones positivas que contrastan con la visión más pesimista de los que están viviendo un proceso largo entre las paredes de este centro. «Se ha portado muy bien con mi mujer las dos veces que la han operado de la pierna, no hemos tenido problemas, todo en orden», apunta Félix Marchena. «Hay mucha descoordinación y las enfermeras y auxiliares están desbordadas», apunta la familiar de otro paciente con desánimo. La realidad, sin duda, tiene muchas miradas.
«Ha habido situaciones que no se han dado como se preveía»,.
Juan Carlos Escudero, gerente del Área de Salud de Cáceres desde agosto, considera que al poner en la balanza los éxitos y las dificultades de la puesta en marcha del nuevo hospital, ganan los beneficios. Estos se visualizan sobre todo en el mayor número de quirófanos. «Tenemos cuatro o cinco quirófanos más de los que teníamos antes, y con mayor calidad».El mayor reto a la hora de poner en marcha el nuevo complejo hospitalario ha sido, a su juicio, «el traslado y apertura del hospital», que se produjeron antes de que llegara este gestor al Área de Salud de Cáceres. «Lo más difícil ha sido encajar a los distintos profesionales, que venían del Virgen de la Montaña, del San Pedro y los nuevos que se incorporaban». Para Escudero «la gran virtud de ese hospital es la altísima tecnología que tiene, y que también supone un reto profesional, porque hay que adaptarse a ella». Reconoce que ha habido situaciones que se tenían previstas sobre el papel pero que luego «no se iban dando como se esperaba». «Hemos tenido que cambiar circuitos de circulación de pacientes, mecanismos de funcionamiento de quirófanos, cosas de Radiología».
Acerca de las quejas que han ido generándose a lo largo del año cree que el peor momento fue el verano, cuando se juntaron las vacaciones del personal sanitario con el inicio de las hospitalizaciones.
TITULO: CAFE, COPA Y El Ayuntamiento de Tiétar gana un contencioso que se prolongaba desde 2006,.
El Ayuntamiento de Tiétar gana un contencioso que se prolongaba desde 2006,.
Ha recibido 331.000 euros de impuestos que una empresa se negaba a pagar en su totalidad,.
El conflicto arrancó desde la concesión de la licencia de obras para construir la planta fotovoltaica ubicada en la población. El Ayuntamiento giró los impuestos municipales tomando como base imponible el presupuesto de la obra civil, dado que era el que presentó la empresa promotora. Sin embargo poco después tuvo conocimiento de otro presupuesto mayor, que incluía no solo las obras civiles sino también los elementos y la maquinaria necesaria para el funcionamiento de la planta.
Ante esa situación, giró tres liquidaciones definitivas que corregían las anteriores: una, en concepto de tasa por otorgamiento de licencia urbanística, por importe de 60.844,68 euros; otra por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, de 153.047,70 euros, y una última por el canon de aprovechamiento urbanístico, de 117.729 euros.
Se inició así una larga batalla judicial que, en principio, se decantó del lado de la empresa, pues los tribunales establecieron que para modificar el importe de la base imponible de los impuestos municipales «era necesario tramitar, con carácter previo, un expediente de comprobación de valores».
Así lo hizo el Ayuntamiento, que sufrió un segundo tropiezo judicial cuando se le indicó que había tramitado la comprobación de valores fuera del plazo de 6 meses previsto legalmente. «Este segundo fallo en contra no desalentó ni al Ayuntamiento ni a su alcalde, Luis Perona, que siempre confió en que le asistía la razón y la ley», se dice.
Posteriormente, tras asumir la defensa municipal el letrado Óscar Jiménez, del bufete Gómez Esteban y Jiménez Moriano, obtuvo por primera vez un pronunciamiento favorable a sus intereses. Sin embargo, Energías del Tiétar recurrió una y otra vez las sentencias hasta agotar todas las instancias judiciales, llegando al Tribunal Supremo, que tras un peregrinaje judicial de 14 años ha respaldado la validez de los tributos municipales.
Por vía de apremio
En paralelo, el Ayuntamiento confió la vía de apremio al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, que acordó el embargo de la finca donde se ubica la fotovoltaica. Ante la posibilidad de perder en subasta la propiedad de la finca, los impulsores de la planta han abonado recientemente los tributos reclamados, 331.620 euros, el importe de las cuotas más los intereses.TITULO: Víctimas del misterio - El multimillonario negocio de la marihuana invisible,.
El multimillonario negocio de la marihuana invisible,.
Las organizaciones criminales pagan unos 5.000 euros por cosecha a familias humildes o afectadas por la crisis para que metan plantaciones en sus casas,.
“Los propietarios de una empresa de pinturas de Valdemoro (Madrid)
que quebró con la crisis; jóvenes que se han quedado en paro; currantes
que vieron menguar sus ingresos y temieron no llegar a fin de mes para
mantener a sus familias…”. Son algunos de los perfiles que describen los
investigadores de la Guardia Civil para referirse a personas que han
entrado en el negocio de la marihuana en los últimos cuatro años, cuando
las incautaciones de esta “droga blanda” se han disparado en España y
las redadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son casi
semanales. De los cerca de 20.000 detenidos por tráfico de drogas que se
registran anualmente en España, más de la mitad son por cannábicos y la
mayoría (casi un 70%), españoles, según datos y estadísticas oficiales.
La llamada Operación Mocy,
llevada a cabo por más de 500 agentes del instituto armado el pasado
martes en poblaciones de Granada, Málaga, Cádiz y Valencia, se saldó con
76 detenidos tras 69 registros. La mayoría de las entradas se
produjeron en viviendas humildes o de protección oficial de la localidad
de Pinos Puente (10.114 habitantes), a 16 kilómetros de la ciudad de la
Alhambra. De los portales de las calles de la popular barriada de Las
Flores salían esposadas vecinas en bata y zapatillas de estar en casa o
jóvenes con cara de sueño en vaqueros y calzado deportivo.
Era solo una más de las decenas de operaciones que han desarrollado las fuerzas policiales este año. Desde 2013 —cuando comenzaron a contabilizarse— a 2018, las incautaciones de plantas de marihuana se han incrementado, año a año, acumulando un aumento de casi un 600% (de 175.000 a casi un millón), según datos del Ministerio del Interior. “Ha ido subiendo progresivamente, con un repunte importante en 2017, que se ha mantenido al alza hasta hoy”, coinciden los investigadores de Policía Nacional y Guardia Civil. “Solo el último año ha crecido un 90%”, señalan. Por kilos, han pasado de intervenirse 15.174 en 2014 a 37.220 en 2018, más del doble en cuatro años, según los
El negocio ilegal de la marihuana se ha expandido al calor de la
crisis económica y se ha asentado con la ayuda de las organizaciones
criminales que operan en España, que “ven en la marihuana un negocio
fácil: poca inversión (entre 10.000 y 30.000 euros por montar una
plantación indoor [interior], en función del tamaño), mucho
beneficio (el kilo se está vendiendo a 4.000 euros en Reino Unido, por
ejemplo), y escaso riesgo, porque las penas van de uno a tres años y si
no tienes antecedentes difícilmente entras en prisión”, resumen los
investigadores. Habitaciones, garajes, cobertizos, trasteros,
buhardillas, pequeñas naves, camiones, caravanas... son algunos de los
lugares en los que se ocultan esas pequeñas plantaciones iluminadas con
lámparas.
Las organizaciones criminales “han visto un gran nicho de oportunidad y de invisibilidad en los hogares de familias humildes: llegan y se lo montan todo (plantas, cableado eléctrico, luces...), les dejan el manual de instrucciones donde detallan lo que tienen que hacer para cuidar las plantas, paso a paso, como si fuera para tontos, y luego vienen a por la cosecha (de entre cinco y 20 kilos, con tres o cuatro producciones al año), les pagan lo acordado (unos 5.000 euros por cosecha), y funcionan casi como una gran cooperativa de pequeños productores, recolectan y mandan la mercancía para Europa: Alemania, Inglaterra, Francia, Polonia, Estonia, Letonia...”, resume el modus operandi del multimillonario negocio un responsable de la unidad central de estupefacientes de la Guardia Civil.
En algunos pueblos es ya un medio de vida para muchos de sus habitantes, algunos porque han encontrado en el cultivo de la marihuana un modo de obtener un sobresueldo para sus empobrecidas economías, otros, los más jóvenes, porque ven la posibilidad de ganar un buen dinero, rápido, fácil y con poco riesgo, según analizan los investigadores.
La inversión es pequeña y se amortiza casi con la primera cosecha, la luz para mantener las lámparas encendidas día y noche la roban enganchando cables al tendido eléctrico. Una de las pistas que siguen a veces los investigadores es precisamente el alto consumo de electricidad. En ocasiones, ha habido poblaciones que se han quedado sin luz por el alto consumo de las lámparas que iluminan las plantas de marihuana.
“El problema”, señalan los investigadores, “es que en muchos casos, los que han entrado en el negocio y han tocado dinero, se han acostumbrado a un nivel de vida y ya han seguido, y eso está desvirtuando el tejido social en algunos municipios, porque los que antes tenían un oficio digno ahora cultivan marihuana”, analiza un mando del instituto armado con 18 años de servicio en este ámbito. “Este asunto se está convirtiendo en otra especie de Campo de Gibraltar, pero mucho más oculto. Aquellos guardan hachís en sus casas y estos cuidan plantas”, compara. “El problema no es solo de salud pública, sino de la violencia que genera, porque quienes guardan algo valioso suelen proveerse de armas para defenderlo”.
“En otro momento de más tranquilidad”, dice un distribuidor de marihuana granadino, “te haría la gestión y seguro que habrías podido hablar con un narco y que te contara cosas; pero ahora, con la presión tan fuerte de la policía sobre ellos, eso es imposible. Nadie, y yo menos, podemos arriesgarnos ni siquiera a preguntarle a alguno. En un mes o dos, por lo que sea, los detienen y resulta que los culpables somos nosotros. Y te aseguro que acabaríamos pagándolo”.
Ante lo inabarcable e invisible de un negocio que no para de crecer en España, debido —según los expertos— a la “gran demanda” que hay en Europa, la estrategia de las fuerzas y cuerpos de seguridad consiste en dar “buenos golpes” que reduzcan la sensación de impunidad. “Es una droga socialmente admitida, constantemente se habla de sus propiedades curativas, la tendencia en otros países es a la legalización...”, describen. “Los que se meten son conscientes de todo eso, saben que tanto el reproche penal como el moral es escaso y la tentación económica es muy grande”, explican policías y guardias civiles. Ahora en Pinos Puente los narcos de la marihuana sienten la presión policial, que en Granada tiene otros lugares recurrentes como el distrito Norte de la capital.
Los cultivadores son solo el primer eslabón de la cadena. “Normalmente, hay facilitadores de las mafias, gente que tiene contactos con distribuidores que, a su vez, tienen distintos pequeños proveedores; esto funciona como una empresa multinacional”, explican los investigadores de la Guardia Civil. “Piden tantos kilos y alguien se encarga de juntarlos para su envío adonde corresponda, a veces incluso por mensajería ordinaria envueltos en toallas y empaquetados como mercancía, como hacían los chinos”, añaden los investigadores de la policía.
En cuestión de cuatro años, según los datos del CITCO, España se ha convertido en el tercer productor y exportador de marihuana de Europa, por detrás de Albania e Italia. Fuera de Europa, México y Estados Unidos son los países en los que más marihuana se incauta. “Ha ocurrido algo parecido a lo que sucedió con la agricultura intensiva de los invernaderos en Almería, la huerta de Europa”, comparan los investigadores. La tendencia es al alza, analizan: “Vivimos en una sociedad en la que los grandes lobbies de las empresas del cannabis, que incluso cotizan en bolsa, presionan para la legalización y fomentan una imagen buenista de una droga natural cada vez más perfeccionada, y cuyas modificaciones e hibridaciones genéticas en sus semillas han supuesto una subida del 2% hasta el 30% de su THC, el psicoactivo del cannabis con los riesgos que eso comporta para la salud mental de quienes la consumen. Además, la legalización, ya se ha visto, siempre lleva aparejado un mercado negro”.
Era solo una más de las decenas de operaciones que han desarrollado las fuerzas policiales este año. Desde 2013 —cuando comenzaron a contabilizarse— a 2018, las incautaciones de plantas de marihuana se han incrementado, año a año, acumulando un aumento de casi un 600% (de 175.000 a casi un millón), según datos del Ministerio del Interior. “Ha ido subiendo progresivamente, con un repunte importante en 2017, que se ha mantenido al alza hasta hoy”, coinciden los investigadores de Policía Nacional y Guardia Civil. “Solo el último año ha crecido un 90%”, señalan. Por kilos, han pasado de intervenirse 15.174 en 2014 a 37.220 en 2018, más del doble en cuatro años, según los
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Las organizaciones criminales “han visto un gran nicho de oportunidad y de invisibilidad en los hogares de familias humildes: llegan y se lo montan todo (plantas, cableado eléctrico, luces...), les dejan el manual de instrucciones donde detallan lo que tienen que hacer para cuidar las plantas, paso a paso, como si fuera para tontos, y luego vienen a por la cosecha (de entre cinco y 20 kilos, con tres o cuatro producciones al año), les pagan lo acordado (unos 5.000 euros por cosecha), y funcionan casi como una gran cooperativa de pequeños productores, recolectan y mandan la mercancía para Europa: Alemania, Inglaterra, Francia, Polonia, Estonia, Letonia...”, resume el modus operandi del multimillonario negocio un responsable de la unidad central de estupefacientes de la Guardia Civil.
Un nuevo medio de vida
El resultado, al margen de algunas grandes plantaciones en zonas de campo más aisladas y despobladas de Toledo, Cataluña, Extremadura, Alicante o incluso en invernaderos almerienses, es una proliferación de pequeños cultivadores a lo largo y ancho de la mitad sur de España, con mayor incidencia “por cultura o por tradición”, en provincias como Granada, según se observa en el mapa descriptivo de la distribución de plantas de cannabis por provincias del Ministerio del Interior.En algunos pueblos es ya un medio de vida para muchos de sus habitantes, algunos porque han encontrado en el cultivo de la marihuana un modo de obtener un sobresueldo para sus empobrecidas economías, otros, los más jóvenes, porque ven la posibilidad de ganar un buen dinero, rápido, fácil y con poco riesgo, según analizan los investigadores.
La inversión es pequeña y se amortiza casi con la primera cosecha, la luz para mantener las lámparas encendidas día y noche la roban enganchando cables al tendido eléctrico. Una de las pistas que siguen a veces los investigadores es precisamente el alto consumo de electricidad. En ocasiones, ha habido poblaciones que se han quedado sin luz por el alto consumo de las lámparas que iluminan las plantas de marihuana.
“El problema”, señalan los investigadores, “es que en muchos casos, los que han entrado en el negocio y han tocado dinero, se han acostumbrado a un nivel de vida y ya han seguido, y eso está desvirtuando el tejido social en algunos municipios, porque los que antes tenían un oficio digno ahora cultivan marihuana”, analiza un mando del instituto armado con 18 años de servicio en este ámbito. “Este asunto se está convirtiendo en otra especie de Campo de Gibraltar, pero mucho más oculto. Aquellos guardan hachís en sus casas y estos cuidan plantas”, compara. “El problema no es solo de salud pública, sino de la violencia que genera, porque quienes guardan algo valioso suelen proveerse de armas para defenderlo”.
La violencia
En Pinos Puente, uno de esos pueblos en los que al doblar la esquina de algunas de sus calles el olor a maría se hace ostensible, nadie se atreve a hablar de esa economía oculta que mantiene a flote a muchas familias después de la redada del martes pasado. El pasado sábado por la tarde, sin ir más lejos, solo cuatro días después de la macrorredada, un tiroteo acabó con la vida de un hombre, en lo que los agentes de la Guardia Civil calificaron como un “ajuste de cuentas”.“En otro momento de más tranquilidad”, dice un distribuidor de marihuana granadino, “te haría la gestión y seguro que habrías podido hablar con un narco y que te contara cosas; pero ahora, con la presión tan fuerte de la policía sobre ellos, eso es imposible. Nadie, y yo menos, podemos arriesgarnos ni siquiera a preguntarle a alguno. En un mes o dos, por lo que sea, los detienen y resulta que los culpables somos nosotros. Y te aseguro que acabaríamos pagándolo”.
Ante lo inabarcable e invisible de un negocio que no para de crecer en España, debido —según los expertos— a la “gran demanda” que hay en Europa, la estrategia de las fuerzas y cuerpos de seguridad consiste en dar “buenos golpes” que reduzcan la sensación de impunidad. “Es una droga socialmente admitida, constantemente se habla de sus propiedades curativas, la tendencia en otros países es a la legalización...”, describen. “Los que se meten son conscientes de todo eso, saben que tanto el reproche penal como el moral es escaso y la tentación económica es muy grande”, explican policías y guardias civiles. Ahora en Pinos Puente los narcos de la marihuana sienten la presión policial, que en Granada tiene otros lugares recurrentes como el distrito Norte de la capital.
Políticos que cultivan
En la provincia granadina se han dado casos de detenciones de políticos. En Pampaneira (321 habitantes), en la Alpujarra granadina, un concejal del PSOE dejó su acta hace algo más de año y medio después de que la Guardia Civil le localizara 355 plantas cultivadas al aire libre en su finca. El teniente de alcalde del PP en el Ayuntamiento de El Valle (938 habitantes), Manuel Palma, fue pillado en una situación similar. La Policía Nacional le detuvo el verano pasado por tener 256 plantas de marihuana en una vivienda de su propiedad con dos habitaciones perfectamente acondicionadas para el cultivo.Los cultivadores son solo el primer eslabón de la cadena. “Normalmente, hay facilitadores de las mafias, gente que tiene contactos con distribuidores que, a su vez, tienen distintos pequeños proveedores; esto funciona como una empresa multinacional”, explican los investigadores de la Guardia Civil. “Piden tantos kilos y alguien se encarga de juntarlos para su envío adonde corresponda, a veces incluso por mensajería ordinaria envueltos en toallas y empaquetados como mercancía, como hacían los chinos”, añaden los investigadores de la policía.
Los chinos siempre pagan
La entrada de las mafias chinas en el negocio de la marihuana ha supuesto también un salto importante en su crecimiento. “Los chinos son principalmente compradores y distribuidores, tienen fama de tener siempre dinero, ser buenos pagadores y pagar en efectivo, son el maná de cualquier productor, por eso se quedaron con parte del mercado”, señala un agente policial especializado en la persecución del tráfico de cannábicos.En cuestión de cuatro años, según los datos del CITCO, España se ha convertido en el tercer productor y exportador de marihuana de Europa, por detrás de Albania e Italia. Fuera de Europa, México y Estados Unidos son los países en los que más marihuana se incauta. “Ha ocurrido algo parecido a lo que sucedió con la agricultura intensiva de los invernaderos en Almería, la huerta de Europa”, comparan los investigadores. La tendencia es al alza, analizan: “Vivimos en una sociedad en la que los grandes lobbies de las empresas del cannabis, que incluso cotizan en bolsa, presionan para la legalización y fomentan una imagen buenista de una droga natural cada vez más perfeccionada, y cuyas modificaciones e hibridaciones genéticas en sus semillas han supuesto una subida del 2% hasta el 30% de su THC, el psicoactivo del cannabis con los riesgos que eso comporta para la salud mental de quienes la consumen. Además, la legalización, ya se ha visto, siempre lleva aparejado un mercado negro”.
Esclavos vietnamitas en las plantaciones ‘indoor’
Desde los organismos de seguridad europeos se ha alertado a las
policías de los países miembros de un nuevo fenómeno, consistente en que
ciudadanos vietnamitas son empleados en condiciones de esclavitud —si
poder salir durante meses— para vigilar y cuidar plantaciones de
marihuana indoor dedicadas al gran tráfico internacional y
promovidas por organizaciones y grupos criminales vinculados al crimen
organizado transnacional.
En España fueron detenidas personas de esa nacionalidad en operaciones realizadas en Toledo, Segovia, Madrid y Zamora, por ejemplo.
La Guardia Civil elaboró en 2018 el primer informe de Inteligencia relativo a la trata de seres humanos centrado en este aspecto. “En un principio pueden perecer autores/colaboradores en el delito contra la salud pública, pero en realidad son víctimas de trata de seres humanos con fines de comisión de delito”, señalan los informes internos policiales.
“Estas personas eran explotadas y permanecían en el interior de los inmuebles durante largos periodos de tiempo, llegando a abarcar el ciclo completo del cultivo, detectándose cómo solo una vez a la semana, recibían visitas de miembros de la organización que les suministraban escasos alimentos”, describen los informes.
Los “vigilantes” son personas captadas directamente en su país de origen o en España, principalmente de origen vietnamita o chinos de muy bajo estatus social. En muchos casos, el pago de la deuda adquirida con las mafias que los traen supone su libertad.
Los investigadores recuerdan el caso de los 39 vietnamitas —31 hombres y ocho mujeres— hallados muertos en un camión frigorífico el pasado mes de octubre en un polígono industrial cerca de Londres, y apuntan a que posiblemente iban a ser explotados en ese tipo de plantaciones como primera hipótesis.
En Madrid, en noviembre de 2018, la policía detectó en el Aeropuerto de Barajas la entrada de ciudadanos vietnamitas que se hacían pasar por menores no acompañados y que acababan esfumándose del centro de menores de Hortaleza. En una sola de las investigaciones se constató que una organización había logrado colar a más de 700.
En España fueron detenidas personas de esa nacionalidad en operaciones realizadas en Toledo, Segovia, Madrid y Zamora, por ejemplo.
La Guardia Civil elaboró en 2018 el primer informe de Inteligencia relativo a la trata de seres humanos centrado en este aspecto. “En un principio pueden perecer autores/colaboradores en el delito contra la salud pública, pero en realidad son víctimas de trata de seres humanos con fines de comisión de delito”, señalan los informes internos policiales.
“Estas personas eran explotadas y permanecían en el interior de los inmuebles durante largos periodos de tiempo, llegando a abarcar el ciclo completo del cultivo, detectándose cómo solo una vez a la semana, recibían visitas de miembros de la organización que les suministraban escasos alimentos”, describen los informes.
Los “vigilantes” son personas captadas directamente en su país de origen o en España, principalmente de origen vietnamita o chinos de muy bajo estatus social. En muchos casos, el pago de la deuda adquirida con las mafias que los traen supone su libertad.
Los investigadores recuerdan el caso de los 39 vietnamitas —31 hombres y ocho mujeres— hallados muertos en un camión frigorífico el pasado mes de octubre en un polígono industrial cerca de Londres, y apuntan a que posiblemente iban a ser explotados en ese tipo de plantaciones como primera hipótesis.
En Madrid, en noviembre de 2018, la policía detectó en el Aeropuerto de Barajas la entrada de ciudadanos vietnamitas que se hacían pasar por menores no acompañados y que acababan esfumándose del centro de menores de Hortaleza. En una sola de las investigaciones se constató que una organización había logrado colar a más de 700.
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