La clave - Cinco trabajadores con quemaduras tras un accidente laboral en Puebla de la Calzada La rotura de una tubería en una fábrica conservera ,./ La Sexta Columna - El presidente del Poder Judicial convocará un pleno en el plazo dado por el Gobierno, pero avisa de la dificultad de llegar a un acuerdo,. , Viernes -2, 9 - Septiembre ,./ Equipo de investigación - El Congreso aprueba el decreto anticrisis con la única oposición de Vox , Viernes-2, 9 - Septiembre ,.

   TITULO: La clave -Cinco trabajadores con quemaduras tras un accidente laboral en Puebla de la Calzada La rotura de una tubería en una fábrica conservera,.

 Cinco trabajadores con quemaduras tras un accidente laboral en Puebla de la Calzada La rotura de una tubería en una fábrica conservera,.

 La rotura de una tubería en una fábrica conservera ha acabado con la hospitalización de cinco empleados, uno de ellos con quemaduras de segundo grado,.

 

foto / Cuarto accidente laboral en menos de una semana en Extremadura. Se ha producido poco después de las seis y media de la mañana en una fábrica conservera de Puebla de la Calzada, según informa el 112. 

Según ha confirmado Canal Extremadura en la propia empresa, Conservas Martinete, ha sido la rotura de una tubería por la que pasaba tomate caliente la que ha provocado quemaduras a cinco personas. Una de ellas, una joven de 21 años, ha sido trasladada al hospital Universitario de Badajoz con quemaduras de segundo grado. Se espera que se le de el alta a lo largo del día de hoy.

El resto, con quemaduras leves, han recibido ya el alta de la dotación del Punto de Atención Continuada de Montijo que se desplazó al lugar de los hechos.
 

TITULO: La Sexta Columna - El presidente del Poder Judicial convocará un pleno en el plazo dado por el Gobierno, pero avisa de la dificultad de llegar a un acuerdo ,.  , Viernes -2, 9 - Septiembre.

Este viernes - 2, 9 - Septiembre  a partir de las 21:30 La Sexta , foto,.

 

El presidente del Poder Judicial convocará un pleno en el plazo dado por el Gobierno, pero avisa de la dificultad de llegar a un acuerdo,.

El ultimátum del PSOE indigna al sector más conservador del órgano de gobierno de los jueces,.

 

La decisión del PSOE de imponer por ley al Consejo General del Poder Judicial un plazo máximo de tres meses (que vencería el 13 de septiembre) para designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden ha causado indignación en el sector más conservador del órgano de gobierno de los jueces. “Es una falta de respeto más y una muestra de desconfianza tremenda”, lamenta un consejero nombrado por el PP. En el ala progresista, algunos vocales se muestran comprensivos con que se fije una fecha, aunque advierten de que es imposible garantizar que pueda cumplirse. En esta misma línea se ha situado este jueves el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, que, a preguntas de los medios de comunicación durante una visita a La Palma, se ha comprometido a convocar un pleno para votar esos nombramientos antes del 13 de septiembre, cuando se cumple el plazo (a contar desde el 13 de junio, cuando caducaron los mandatos de los cuatro magistrados que hay que renovar); Lesmes ha advertido, sin embargo, que no puede asegurar que los vocales lleguen ese día a un acuerdo con una mayoría de tres quintos, como exige la ley. “Me esforzaré en que esa situación se dé y se produzca, pero no lo puedo garantizar”, ha advertido.

El proceso para designar a los dos magistrados del Constitucional no se ha iniciado porque el CGPJ, con el mandato caducado, tenía vetadas las competencias para este nombramiento hasta este jueves, cuando se ha aprobado la reforma legal que le devuelve esa potestad. A partir de ahora, lo esperable, según vocales consultados, es que se inicien contactos entre consejeros y posibles candidatos. Los miembros propuestos por el CGPJ para el Constitucional suelen ser magistrados del Supremo y será en ese ámbito en el que se produzcan estas conversaciones, pero tanto el Consejo como el alto tribunal paralizan su actividad en agosto, y estas fuentes consideran “poco probable” que haya una lista de candidatos cerrada, mucho menos consensuada, antes de esa fecha. Porque esa es la segunda fase del proceso, y la más difícil: la elección de los dos magistrados del TC necesita el voto a favor de 12 de los 19 miembros del pleno, lo que obliga a alcanzar un pacto entre conservadores y progresistas porque ninguno de los dos sectores suma por sí solo esa cifra.

Mientras el Consejo mantuvo sus competencias para designar cargos discrecionales, la mayoría de los nombramientos que hizo se alcanzaron con amplio consenso, pero ningún vocal consultado ahora asegura que esa situación vaya a repetirse. Primero, porque el órgano está más dividido que entonces y puede no ser fácil alcanzar un acuerdo. Y segundo, porque algunos de los más críticos con el Gobierno pueden eludir cualquier tipo de pacto para torpedear el plan de los socialistas. “Simplemente con que un grupo vote en blanco o se empeñe en apoyar a un determinado candidato para el que no hay consenso, ya es imposible conseguir la mayoría”, señala un consejero designado a propuesta del PSOE, que admite que, aun sin intento de boicoteo, el acuerdo para elegir a los dos magistrados no es fácil y duda de que se alcance antes de la fecha marcada. A eso se refería Lesmes al advertir que no puede garantizar la mayoría suficiente para que la designación fructifique.

La reforma legal aprobada por el Congreso no concreta qué consecuencias tendría que el Consejo no cumpliera esos tres meses de plazo, pero los vocales rechazan que un posible retraso pueda acarrear sanciones para el órgano. “No tendría sentido, pero es que además sería muy reprobable que toda la presión recaiga sobre nosotros a pesar de que son ellos [los partidos políticos] los que no consiguen pactar nuestra renovación. Si renuevan se soluciona todo de una vez”, subraya un consejero. El presidente del CGPJ insistió ayer en esta línea al reprochar a los partidos que sean “incapaces” de desbloquear la situación del Consejo.

 

 

 TITULO: Equipo de investigación - El Congreso aprueba el decreto anticrisis con la única oposición de Vox. , Viernes- 2, 9 - Septiembre ,.

Este viernes - 2, 9 - Septiembre a partir de las 22:30 La Sexta , foto siempre dirigido por Gloria Serra , foto,.

 El Congreso aprueba el decreto anticrisis con la única oposición de Vox,.

El Gobierno consigue el aval a sus medidas económicas, a la regularización de sanitarios y a la reforma exprés del Poder Judicial,.

 

El Gobierno ha logrado salvar este jueves en el Congreso otra tacada de cruciales votaciones parlamentarias. El Ejecutivo ha obtenido un aval muy amplio a su segundo paquete de medidas anticrisis, más incluso que el logrado en el primero, porque esta vez PP y ERC no se han opuesto. Además, el Congreso ha dado su aval a la reforma exprés de la ley del Poder Judicial para facilitar la renovación de cuatro plazas del Tribunal Constitucional, al decreto para regularizar la situación de 67.000 sanitarios y a la Ley de Memoria Democrática.

No había muchas dudas de que el Congreso no pondría impedimentos al paquete de medidas anticrisis aprobado hace dos semanas que incluye, entre otras cosas, un cheque de 200 euros para los trabajadores con ingresos anuales inferiores a 14.000, el alza de un 15% de las pensiones no contributivas, la rebaja del IVA de la electricidad y el impuesto especial a las grandes energéticas. La única incógnita era qué haría el PP tras haberse opuesto en su día al primer bloque de ayudas para compensar la carestía de los combustibles. Tras la intervención del portavoz popular en el pleno, Jaime de Olano, la duda persistía porque el diputado, sin entrar en las medidas concretas, se dedicó a descalificar toda la respuesta del Gobierno ante la crisis y aventuró: “Van a fracasar de nuevo”. Olano cerró su discurso sin anticipar tampoco cuál iba a ser la posición de su grupo, que poco después anunció que se abstendría.

ERC también había votado en contra del anterior decreto, en pleno enfrentamiento con el Gobierno tras revelarse el espionaje del CNI a dirigentes independentistas. Esta vez Esquerra se ciñó al contenido de un grupo de medidas que, según su diputado Joan Margall, “van en la buena dirección, aunque sean insuficientes”, y votó a favor. Junts per Catalunya
se abstuvo. Solo la extrema derecha se mantuvo en el no. Ciudadanos se descolgó con un discurso parecido al PP, acusó al Gobierno de tomar medidas “cortoplacistas y que aumentan la inflación” y, a pesar de todo, se abstuvo.

Los extensos apoyos recibidos no impidieron que el Gobierno escuchase críticas y advertencias de sus aliados habituales. Una se repitió en boca de grupos como ERC, PNV o EH Bildu: que el Ejecutivo debe abordar cambios “estructurales” y no limitarse al goteo de medidas que viene aprobando desde hace semanas.

El debate constató el creciente malestar del PNV con la actitud del Ejecutivo. Su portavoz, Aitor Esteban, ya se lo había dicho a Pedro Sánchez el miércoles durante el debate del estado de la nación y esta vez lo ha rematado su diputada Idoia Sagastizabal. Como ya había hecho Esteban, la parlamentaria se dirigió al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para avisar: “Están minando nuestra confianza”. Sagastizabal se quejó sobre todo de que el Gobierno no le explica antes sus medidas y que luego presenta las votaciones como “un todo o nada”. Esquerra también insistió en que no va a dar cheques en blanco al Gobierno y lo animó a seguir profundizando en medidas de izquierda. “Si son valientes, nos vamos a encontrar. Si vienen con medidas de marketing, no tendrán nuestro voto”, afirmó el diputado Margall.

Tampoco tuvo problemas el Ejecutivo para sacar adelante la reforma exprés del Poder Judicial, en este caso con el rechazo de toda la derecha y el apoyo de los aliados habituales. En una tarde de pasiones desatadas en el Congreso, sobre todo con la ley de memoria democrática, el debate supuso un capítulo más de un interminable rosario de acusaciones mutuas. La derecha insistió en su tesis de que el Gobierno “asalta las instituciones” y la izquierda reiteró por enésima vez que es el PP quien bloquea la renovación de las instituciones para garantizarse el favor judicial.